Cuando una campaña política no marcha, existen dos opciones para alcanzar la victoria: unirse –de facto- con otro candidato y la segunda, poner en marcha una estrategia audaz, de lo contrario, las demás actividades o esfuerzos que hagan serán en vano.
GARROTE POLÍTICO
“Para los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, dice la frase atribuida a Benito Juárez, una de los figuras más veneradas por la clase política mexicana, debido –señalan- a su forma de dirigir y a los cambios que impulsó
durante su periodo.
A Juárez se le asocia con el derecho y la justicia, y es precisamente esta última una deuda pendiente desde hace mucho con millones de mexicanos, pues todos los gobiernos (federales y locales) que pasaron han sido, en mayor o menor
grado, omisos e ineficaces en el tema.
Historia negra
En el siglo XX, específicamente durante el régimen priista, la justicia fue selectiva, es decir, se aplicó a unos cuantos, para aquellos disidentes, críticos, opositores o simplemente, para quien fuera una especie obstáculo del Presidente de la
República.
La primera transición llegó en el año 2000 y con ésta una serie de promesas y expectativas que al poco tiempo se transformaron en decepción. En materia de procuración de justicia, las cosas se mantuvieron casi iguales: La dependencia
encargada de ello (PGR) estuvo sujeta a los caprichos del mandatario federal.
En 2006, con el arribo de Felipe Calderón la tendencia de la PGR fue la misma, no obstante, su imagen salió afectada por el mal armado de expedientes de asuntos relacionados con la guerra contra el narcotráfico; y a partir de 2012, con el regreso
del PRI a Los Pinos, la (poca) confianza y prestigio de ésta quedaron sepultados.
Los cuatro culpables
Desde el inicio de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, tres titulares (Jesús Murillo, Karam, Arely Gómez y Raúl Cervantes) y un encargado de despacho (Alberto Elías Beltrán, actualmente en funciones) han desfilado por la Procuraduría General de la República, sin poder resolver los casos que pusieron en “jaque” a dicho gobierno.
La polémica detención, encarcelamiento y exoneración de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la matanza de Tlatlaya, la injerencia de la procuraduría en las elecciones del Estado de México en contra de la entonces candidata de Morena, Delfina Gómez o recientemente, las acusaciones por lavado de dinero al candidato panista, Ricardo Anaya, son muestra del desaseo del aparato de justicia en el
país.
Pieza fundamental
Todavía la PGR es una de las tres “patas” que sostienen a cualquier gobierno federal en México, pues sin justicia parcial –aseguran- no podría transitar. Las dos restantes son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (facultada para cobrar los impuestos) y Gobernación (encargada de la política interna).
Convertir a la PGR en una fiscalía autónoma e independiente del Ejecutivo ha sido por muchos años, el objetivo de varias asociaciones civiles y uno que otro político, con el propósito de que la justicia se haga sin sesgos. Desde 2014, cuando Peña
envió la iniciativa para su creación, la travesía ha sido larga y complicada.
¿Para cuándo?
A 4 años de lo anterior, el nuevo organismo no ha entrado en funciones, ya que aún falta la presentación, discusión y eventual aprobación de su respectiva ley orgánica, así como el nombramiento de la persona que lo encabezará, la cual no
tendrá el pase automático como la idea peñista quedó estipulada en la
Constitución.
La próxima legislatura (que entrará el 1 de septiembre) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrán un reto enorme: afinar la puesta en marcha de la Fiscalía General de la República y respetar el trabajo que ésta realice, sin intervenciones o presiones de ningún tipo como hasta hoy, que por desgracia es un “garrote político”.
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