Dijeron que sería un beneficio, que generaría empleos y desarrollo para el país, que impulsaría la industria petrolera y más, pero ahora, aquella narrativa gubernamental relacionada con la Reforma Energética, se desvanece con la detención de Emilio Lozoya y su reciente denuncia ante la FGR.

 

El contexto

 

En diciembre de 2013, las cámaras de diputados y senadores aprobaron la minuta de la reforma constitucional en materia energética, que –una vez ratificada por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el Ejecutivo Federal- permitiría la inversión del sector privado en uno de los pilares económicos de México.

 

Desde el principio hubo polémica, ya que diversos partidos (principalmente de izquierda), especialistas, académicos y organizaciones civiles advirtieron del riesgo de terminar con el monopolio del Estado en áreas clave como la eléctrica y petrolera.

 

Sin embargo, esto no importó al momento de analizar la propuesta en el Legislativo; el partido oficial (PRI) junto con su aliado (Partido Verde) y la mayoría de congresistas del PAN, sacaron adelante la principal apuesta del sexenio de Enrique Peña Nieto.

 

Principio del fin

 

Los años transcurrieron, el Revolucionario Institucional perdió el poder en 2018  y Andrés Manuel López Obrador arribó con la bandera de la anticorrupción y fue ahí cuando las llamadas “reformas estructurales” se tambalearon.

 

Con Lozoya detenido, era cuestión de tiempo para que la verdad saliera a flote. Para que esto sucediera, fue necesario que el exdirector de Pemex se acogiera al criterio de oportunidad (una especie de colaborador de la justicia mexicana) y así, presentar la denuncia que involucra a varios políticos: 3 expresidentes de la República, 2 excandidatos presidenciales, 5 exsenadores panistas, 1 priista, 2 exsecretarios del gabinete peñanietista, entre otros.

 

Tsunami político

 

El video difundido hace unos días, donde aparecen dos personas contando billetes, quienes en  2013 estaban ligadas con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, desató las críticas y una serie de reacciones de los políticos arriba enlistados.

 

Al tema aún le quedan varios episodios; no obstante, la percepción general de que la Reforma Energética fue aprobada a través de sobornos a una parte de la oposición, irá en franco ascenso. En paralelo, la fiscalía continúa con su investigación.

 

Para nadie es un secreto que un caso de corrupción (como éste) tiene y tendrá una vía política que el actual gobierno la explotará –al menos-  por un año, es decir, el tiempo que dure el proceso electoral intermedio de 2021.

 

Los otros culpables

 

Más allá de las especulaciones y de quién o quiénes saldrán más perjudicados por las revelaciones de Emilio Lozoya, hay un hecho que no debe pasar por alto y es la responsabilidad que tienen los partidos, al ser el origen (político) del futuro empleado público.

 

Los institutos políticos no son “buenos filtros”, no poseen mecanismos estrictos de afiliación, formación, control ni selección que les permitan postular a los mejores hombres o mujeres para cargos de elección popular o dotar al aparato burocrático con los que tienen mejores aptitudes.

 

Hoy, tanto el PRI como el PAN se deslindan de  los actos en los que hayan incurrido sus militantes o simpatizantes (o exmilitantes y exsimpatizantes)  como  Peña Nieto, Lozoya, Videgaray o Guillermo Gutiérrez (secretario particular del gobernador de Querétaro y protagonista del video). En el mejor de los casos, sólo intervienen para sancionar o expulsar de sus filas a una persona.

 

La repetición

 

¿Qué certeza tienen los ciudadanos de que casos como el de Pemex y Odebrecht no se repetirán? La respuesta es ninguna, porque mientras la tormenta legal y mediática se desarrolla, los partidos no están tomando medidas al respecto, su meta es ganar a como dé lugar más escaños, curules, gubernaturas y presidencias municipales en 2021.

 

Seguramente ganarán varias posiciones, empero, su pérdida de fuerza, arrastre y presencia se acelera y su credibilidad está por los suelos. De acuerdo con la encuesta nacional elaborada por El Universal en 2019, estos gozan de 13.9 por ciento de confianza entre la ciudadanía.

 

Así pues, México vive semanas turbulentas por la pandemia de coronavirus, el desplome de su economía, la violencia que no cesa y con una oposición inundada de corrupción, que poco o nada tiene que ofrecer. 

 

¿Con qué cara nos pedirá el voto en 2021?

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