El plebiscito realizado hace unos días en Chile fue un suceso que acaparó la atención dentro y fuera de sus fronteras, no sólo porque representó la victoria de los ciudadanos, sino también, la mejor vía para intentar romper con ese pasado que todavía aqueja a esta nación sudamericana.
La decisión de someter a consulta un tema de interés general no surgió ni fue impulsada generosamente por la clase política de este país, fue producto de una serie de manifestaciones que iniciaron el año pasado cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció el alza en el boleto del Metro de la capital (Santiago) de 800 a 830 pesos chilenos (equivalentes a 25 pesos mexicanos).
El tiempo transcurrió, las protestas se endurecieron y las exigencias no se quedaron en el rechazo al incremento de la tarifa de dicho transporte público, se pidió una modificación al esquema de jubilaciones y pensiones, educación, salud, acceso al agua potable, etcétera.
¿El milagro andino?
Lo sucedido en Chile es un fenómeno complejo que no se desarrolló ni acabó en 12 meses. Su democracia data de tiempo atrás; sin embargo, ésta se vio interrumpida entre 1973 y 1990 cuando la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet dirigió los destinos del país y en los 30 años posteriores, el sistema político se ha consolidado de la mano con una crecimiento económico envidiada por sus vecinos.
Pese a lo anterior, la sociedad chilena ha mantenido su espíritu combativo y participativo, de vigilancia y crítica hacia las autoridades y el más significativo, de no conformarse con lo ya alcanzado y trabajar para mejorar sus condiciones de vida.
Campo de batalla
En Chile, la ocupación de diversas plazas públicas fue importante, a veces acompañada de violencia y vandalismo (dos actos siempre condenables y nunca deseables), pero que en el contexto latinoamericano “sirven” para que la clase gobernante voltee y sepa lo que requiere la gente.
De todos los sectores que hay en Chile, uno es el que destaca por su entusiasmo y dinamismo: el juvenil. Los estudiantes y trabajadores menores de 35 años de edad fueron quienes se lanzaron en octubre de 2019.
Con pintas y plantones en varias urbes, los jóvenes recibieron a cambio los embates de los soldados y carabineros, estos últimos son parte de una policía militarizada que se caracteriza por disuadir las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza y que ha sido denunciada por violar los derechos humanos.
Pese a que las autoridades recularon, la lucha permaneció, obligándolas a escuchar y negociar con los quejosos hasta acordar la realización de un plebiscito que preguntara a los chilenos si querían una nueva Constitución. El 2020 llegó y la pandemia por coronavirus los orilló a suspender las concentraciones masivas, pero éstas se reactivaron semanas antes de la votación.
La importación del “modelo”
Hoy muchos países querrán imitar el “modelo chileno”, ya sea para quitar a un mandatario, proponer una ley, exponer sus problemas o conquistar algún derecho; no obstante, las condiciones son distintas en cada uno y el resultado seguramente se alterará.
Si este caso se trasladara a México, tendría pocas posibilidades de éxito –al menos en el corto y mediano plazo- ya que la toma de avenidas es frecuente pero no se traduce en grandes movimientos (con o sin liderazgos).
En su mayoría, la juventud mexicana no suele involucrarse en los asuntos políticos, está desencantada y alejada de sus representantes populares, marcha poco y lo hace por tiempos cortos, utiliza las redes sociales como foros de libre expresión, que son útiles para generar polémica y debates pero que aún no propician transformaciones radicales.
Se debe aprender de lo acontecido en Chile y más allá de discutir la forma en que los muchachos expresaron su sentir (grafitis, saqueos, lanzamiento de piedras, etcétera), en el fondo, entendieron que mediante su organización y persistencia, el descontento pasaría del internet a las calles y de ahí, a movilizar a 5 millones 885 mil 721 de sus compatriotas que eligieron la opción de la nueva Constitución.
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