La Cuarta Transformación encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, abrió otro frente en uno de los sectores que, por décadas, ha sido abandonado o utilizado para fines propagandísticos del gobierno en turno: los medios de comunicación del Estado Mexicano.

Dicen que la comunicación política no sólo sirve para dar a conocer la postura de cualquier candidato o para difundir los diferentes logros de un diputado o senador, sino también, para informar a los ciudadanos durante una crisis de gobierno.

Tras el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el senador, Rafael Moreno Valle, una nueva votación se avizora en la entidad, en la cual se elegirá a la persona que ocupará el cargo de ostentaba la panista.

Cada vez que inicia un sexenio, los retos y esperanzas se concentran en torno a la persona que asume las riendas del Poder Ejecutivo, ya sea estatal o federal, así como en el plan y el dinero para realizar obras, brindar servicios públicos y generar las condiciones para atraer inversiones.

Corría el año de 1982 y la guerra civil en Guatemala llegaba a uno de sus puntos más altos, el conflicto armado se recrudecía y miles de muertos, desaparecidos y desplazados se sumaban a la larga lista de víctimas.

En la política suele haber todo tipo de tragedias, desde las derrotas electorales hasta el aislamiento de alguno sus miembros, pasando por el “destierro” de un exmandatario o simplemente, por la decadencia e inminente desaparición de cierto partido.

Hasta hace 20 años era impensable imaginar que un mundo intangible nos envolvería a tal grado que, al menos, una cuarta parte de nuestro día la dedicaríamos a estar frente a un dispositivo móvil para informarnos, divertirnos y comunicarnos a distancia, es decir, de una forma instantánea y no presencial.

Cada vez que llega un nuevo gobierno a tomar las riendas del municipio, estado, provincia o país, es inevitable frenar el reacomodo de las personas, grupos o sectores, debido a que la supervivencia y la vigencia en la política son objetivos permanentes.

“Es un honor estar con (Andrés Manuel López) Obrador”, era el grito que retumbaba al interior del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro por parte de los morenistas, justo cuando la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, fijaba la postura de su grupo parlamentario durante la instalación del nuevo Congreso el pasado 1 de septiembre.

“México vive, en suma, una nueva etapa de su historia: la de una democracia con instituciones sólidas y procesos electorales competidos, plurales y participativos”, señaló el recién llegado presidente, Enrique Peña Nieto, en su primer discurso el 1 de diciembre de 2012.

Hace más de 50 días que se llevó a cabo la elección más grande en la historia de México, esa en la que estuvieron en juego miles de puestos, en la que hubo ataques y denuncias entre partidos, así como la incertidumbre política y económica por la victoria de tal o cual candidato.

“Para los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, dice la frase atribuida a Benito Juárez, una de los figuras más veneradas por la clase política mexicana, debido –señalan- a su forma de dirigir y a los cambios que impulsó
durante su periodo.

A Juárez se le asocia con el derecho y la justicia, y es precisamente esta última una deuda pendiente desde hace mucho con millones de mexicanos, pues todos los gobiernos (federales y locales) que pasaron han sido, en mayor o menor
grado, omisos e ineficaces en el tema.

Historia negra

En el siglo XX, específicamente durante el régimen priista, la justicia fue selectiva, es decir, se aplicó a unos cuantos, para aquellos disidentes, críticos, opositores o simplemente, para quien fuera una especie obstáculo del Presidente de la
República.

La primera transición llegó en el año 2000 y con ésta una serie de promesas y expectativas que al poco tiempo se transformaron en decepción. En materia de procuración de justicia, las cosas se mantuvieron casi iguales: La dependencia
encargada de ello (PGR) estuvo sujeta a los caprichos del mandatario federal.

En 2006, con el arribo de Felipe Calderón la tendencia de la PGR fue la misma, no obstante, su imagen salió afectada por el mal armado de expedientes de asuntos relacionados con la guerra contra el narcotráfico; y a partir de 2012, con el regreso
del PRI a Los Pinos, la (poca) confianza y prestigio de ésta quedaron sepultados.

Los cuatro culpables

Desde el inicio de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, tres titulares (Jesús Murillo, Karam, Arely Gómez y Raúl Cervantes) y un encargado de despacho (Alberto Elías Beltrán, actualmente en funciones) han desfilado por la Procuraduría General de la República, sin poder resolver los casos que pusieron en “jaque” a dicho gobierno.

La polémica detención, encarcelamiento y exoneración de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; la matanza de Tlatlaya, la injerencia de la procuraduría en las elecciones del Estado de México en contra de la entonces candidata de Morena, Delfina Gómez o recientemente, las acusaciones por lavado de dinero al candidato panista, Ricardo Anaya, son muestra del desaseo del aparato de justicia en el
país.

Pieza fundamental

Todavía la PGR es una de las tres “patas” que sostienen a cualquier gobierno federal en México, pues sin justicia parcial –aseguran- no podría transitar. Las dos restantes son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (facultada para cobrar los impuestos) y Gobernación (encargada de la política interna).

Convertir a la PGR en una fiscalía autónoma e independiente del Ejecutivo ha sido por muchos años, el objetivo de varias asociaciones civiles y uno que otro político, con el propósito de que la justicia se haga sin sesgos. Desde 2014, cuando Peña

envió la iniciativa para su creación, la travesía ha sido larga y complicada.

¿Para cuándo?

A 4 años de lo anterior, el nuevo organismo no ha entrado en funciones, ya que aún falta la presentación, discusión y eventual aprobación de su respectiva ley orgánica, así como el nombramiento de la persona que lo encabezará, la cual no
tendrá el pase automático como la idea peñista quedó estipulada en la

Constitución.

La próxima legislatura (que entrará el 1 de septiembre) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrán un reto enorme: afinar la puesta en marcha de la Fiscalía General de la República y respetar el trabajo que ésta realice, sin intervenciones o presiones de ningún tipo como hasta hoy, que por desgracia es un “garrote político”.

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Como si de una batalla se tratara, las elecciones del pasado 1 de julio dejaron a un sinfín de derrotados, quienes no podrán levantarse, al menos en el mediano plazo, porque el contrincante que los apabulló y los arrasó, ha cobrado más fuerza.