El fanatismo, definido como una adhesión incondicional a una causa sin matices, incluso llegando a extremos cuestionables, es algo que está presente en nuestra vida nacional. Las redes sociales han dado sobradas muestras de como operan y se comportan los fanáticos del actual presidente, un fenómeno que afecta buena parte de las actividades del país. Si usted todavía tiene dudas acerca de como identificar a un fanático, aquí dejo algunas pistas.

El líder dice que está protegido contra de la Covid-19 por los detentes que porta y muchos mexicanos corren a comprar uno para emularlo, en tanto que otros se niegan a usar cubrebocas porque él no lo usa, además de que aceptan el llamado y acuden presurosos a firmar en una consulta para enjuiciar a expresidentes, como si la aplicación de la ley fuera motivo de ese tipo de prácticas y no de un riguroso ejercicio sin pedir la opinión del pueblo. Pero se trata de la influencia que el presidente ejerce en buena parte de la población, incluida la oposición que discute los temas que él pone sobre la mesa.

Cada proceso electoral nos muestra a varias Asociaciones Política que buscan convertirse en partidos políticos. Algunas lo logran, otras no; unas tienen un paso efímero en el concierto político, en tanto que otros pasan a formar parte de la chiquillada. Lo sucedido con México Libre, pese a los personajes que tiene como principales impulsores, es una lección para muchos, pues muestra que no basta con tener a figuras conocidas para obtener el título que les permita participar en elecciones y obtener financiamiento público.

Es algo que se ha hecho común en redes sociales. Ante cualquier intento de crítica o difusión de algún error o irregularidad del gobierno actual, la legión de fanáticos sale a la defensa, pero no para aclarar los temas, sino para desviar la atención hacia la agenda que el presidente y su grupo desean se maneje. A cada crítica, la respuesta es simple: son parte del PRIAN, de la mafia del poder, de los nostálgicos del pasado corrupto, aunque no les digan mentirosos.

Si algo ha hecho el caso de Emilio L. es revivir la esperanza de muchos en que ahora sí se hará justicia y se castigará a exfuncionarios de gobierno por actos de corrupción. Eso fue una motivación para votar en 2018 por López Obrador, quien ahora como presidente ha declarado que no se permitirá la corrupción –además de declarar que ésta ya terminó, aunque luego diga que no–, pero como dice el clásico “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”, este caso podría pasar a formar parte del enorme libro de oportunidades perdidas que tenemos en este rubro.

No es ninguna novedad saber que las relaciones entre el Estado y el narcotráfico o crimen organizado son inestables. Históricamente, es sabido que estas relaciones dependen de múltiples factores, tanto internos como externos, a decir, la política norteamericana y las decisiones políticas de seguridad nacional o seguridad interna. Hasta Netflix ha construido apócrifas narrativas en ese sentido.

El martes, 16 de junio de 2020 el renombrado índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) de la empresa consultora A.T. Kearney, reveló que México ya no se encuentra dentro de los 25 destinos prioritarios para recibir IED a nivel mundial. Esto refleja que los inversionistas consideran que nuestro país es un destino mucho menos atractivo para la inversión extranjera directa respecto a otros países. Esa opinión de la firma Kearney está basado en un análisis realizado del 27 de enero al 3 de marzo 2020 de opiniones de 500 ejecutivos de las 30 principales empresas del mundo y es la segunda ocasión desde la creación del índice en la que México se encuentra fuera; lo estuvo previamente en 2011.

El Issste aclaró POSTERIORMENTE a lo sucedido que fue un SIMULACRO ¡Ajá! Se refirió a la fotografía en la que aparece López Obrador visitando a un “paciente” de coronavirus en un hospital de Cuernavaca.

Hasta el día 5 de junio, se han reportado 6,664,908 casos de COVID-19 en todo el mundo, y 391,686 muertes. En México se han confirmado 105,680 casos y 12,545 muertes. Estos datos tomados del Centro para Ciencia e Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Johns Hopkins, colocan a nuestro país en la posición número siete de los países con más fallecimientos (1).

Me cuentan que fui tundido en el vecindario cibernético (no estoy en las “benditas” redes sociales) por afirmar que el doctor Hugo López-Gatell “dejó ver al pequeño protonazi que lleva dentro” al descalificar a la senadora Alejandra Reynoso con artilugios de psiquiatra o psicólogo. Irónico al aventurar su diagnóstico, el subsecretario fue misógina y rudamente despreciativo.

Las amenazas de atentado, que se han estado realizando en contra del periódico Reforma, me han motivado a compartir este escrito para manifestar mi desacuerdo a estos hechos condenables, debido a la violación que se hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación menciono.

El ARTÍCULO 6. De la citada Constitución indica que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

El ARTÍCULO 7. Indica que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y de comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo 6.

Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

En México, no debemos permitir la violencia contra un medio de comunicación o persona que está ejerciendo su derecho a informar, opinar, orientar, enseñar y criticar; por tal motivo, expreso a través de este escrito mi inconformidad y malestar en contra de los autores materiales e intelectuales que amenazan a un medio de comunicación y atentan contra la libertad de expresión, tratando de evitar cumplir con un trabajo informativo y de critica.

Los mexicanos debemos estar preparados para impedir que en el Congreso se puedan modificar los artículos antes citados, debido a que son la base de nuestra libertad de expresión, ya que actualmente todavía podemos hablar, escribir, criticar y manifestarnos libremente; lo anterior lo menciono, porque existen políticos como la diputada Dolores Padierna Luna; su esposo René Bejarano; el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; Héctor Díaz Polanco, secretario de organización de MORENA; el senador Salomón Jara, que hasta quería presentar una iniciativa de ley para que desapareciera el Heroico Colegio Miliar, todos los mencionados y otros más, son afines al socialismo y han manifestado en forma abierta su simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro y tienen intenciones de establecer en México un gobierno semejante al de Venezuela.

Para establecer el socialismo en México, se requiere derogar nuestra Constitución Política a través de la denominada democracia participativa, y también mediante el establecimiento de un Congreso Constituyente; por lo tanto, no debemos permitir esta aberración, ya que seriamos un país sumiso, controlado y explotado, como sucede en otras naciones latinoamericanas que tienen esos gobiernos autoritarios, donde la mayoría de sus habitantes viven con privaciones y sufrimiento, pero los dirigentes viven en la opulencia. 

Todos los diputados de oposición y algunos de MORENA y sus aliados, como buenos mexicanos deben desarrollar su trabajo legislativo pensando siempre en beneficiar al pueblo de México y no a una sola persona, grupo o partido político; recientemente lo hicieron al evitar que el presupuesto fuera manejado por una sola persona, ya que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como lo estipula el artículo 49 de la Constitución; por lo tanto, el manejo del presupuesto le corresponde al Poder Legislativo. 

En la misma Constitución se establece que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución.