Los países que han ahorrado dinero en los últimos años al reducir los servicios de salud, ahora pagarán mucho más como resultado de la epidemia…”. ¿A qué país le viene el saco de este bochornoso vaticinio? Al nuestro.

Con menos de 100 casos confirmados y ninguna muerte aún, pareciera que México la pasa bien con el coronavirus, percepción tan engañosa como escandalosa la realidad: en donde mejores condiciones debiera haber, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no solo hay desabasto de equipos y materiales, sino que al personal no se le ha dicho qué protocolos seguir para la demanda que, previsiblemente, se volverá tumultuaria.

El pésimo manejo de la política pública de salud empezó hace un año en todo el sistema hospitalario y tiende a empeorar con los tumbos dados para sortear la peste Covid-19.

La realización del Vive Latino con 60 mil espectadores, mientras en el Azteca hubo futbol sin público; el anuncio de suspensión de clases a partir del 20 de marzo, pero el adelanto de una semana decidido por los gobiernos locales; la humillante pasividad del subsecretario a cargo de la indefinida “estrategia”, frente a la insistencia del Presidente en acudir a eventos masivos (con riesgosos besos y abrazos), ilustran el desorden prevaleciente.

En el mundo, la nueva peste ha cobrado casi ocho mil vidas y tiene en capilla a poco menos de 200 mil, y apenas nos está llegando. Muy cerca de nosotros, en Estados Unidos y Canadá, se vive ya en estado de emergencia.

Después de China, cuyo mariscal contra la epidemia (Zhong Nanshan) dice que se está bajando la cantidad de brotes y que probablemente la amenaza se desvanezca en abril (deberán capotearla todavía mes y medio), el epicentro está hoy en Europa.

Es remota la esperanza de cura: la Organización Mundial de la Salud calcula 18 meses para que se desarrolle una vacuna y su director general (Tedros Adhanom), dice que todo el mundo debiera “despabilarse y considerar a este virus como el enemigo público número uno”. Da la impresión de que no se piensa lo mismo en el gobierno mexicano.

Entre otras razones porque se ignora qué persona, cuál institución o instancia interdisciplinaria lleva la batuta de la estrategia contra el flagelo que hizo decir ayer al presidente de Francia (Emmanuel Macron): “Estamos en guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo está ahí. Invisible, escurridizo…".

Por estas y otras razones cobra sentido la pregunta y la demanda: ¿dónde está el Consejo de Salubridad General? Subordinado al Presidente, se trata de la autoridad colegiada sanitaria constitucional de México; un órgano liderado por el secretario de Salud (inexistente para empezar), conformado prácticamente por todas las secretarías de Estado (¿Qué tal los efectos económicos?) y los directores del Issste y el IMSS, más representantes de las entidades federativas.

Sus decisiones son de aplicación general y obligatoria.

Puede, por ejemplo, hacer declaratorias de emergencia para la promulgación de decretos de cancelación de libertades por razones sanitarias, equivalente a las medidas de excepción que por seguridad puede ordenar el comandante supremo de las fuerzas armadas...

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Impensable que a los secretarios federales de Salud del “periodo neoliberal” les hubiera sucedido lo que al actual, Jorge Alcocer Varela, quien 10 meses después de iniciada la crisis que padece el sector apenas el jueves reciente visitó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para escuchar las precariedades que hace mucho se venían denunciando en los medios.

El secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, parece haber asumido, tarde pero aún a tiempo, que la guerra (“de Calderón”) que el gobierno se ha resistido a mantener contra la delincuencia no solo persiste, sino debe afrontarla el gobierno que venía pregonando abrazos en lugar de balazos.

Lo menos que puede uno reconocerle al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es su acierto en el reproche a quienes, desde el equipo de mayor confianza del presidente de la República, balconean persecuciones contra eventuales infractores de la ley, violentando su derecho al debido proceso.

Que los ediles de las 12 juntas auxiliares de Tehuacán decidieron estar preparados para este lunes de Jornadas Ciudadanas y se reunieron para escribir un pliego petitorio con las necesidades prioritarias en sus comunidades.

En una de las escenas más poderosas de Los hermanos Karamazov, Dostoievski presenta a un Jesús que regresa a este mundo y resulta, por supuesto, condenado a muerte.

l martes de la semana pasada en que Genaro García Luna acababa de ser detenido en Texas, la Fiscalía General de la República cometió la imprudencia de informar que ese mismo día empezaba a integrar lo que no servirá para nada: una carpeta de investigación con el fin de que, cuando termine de integrarse, “se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona...”.

Es improbable que lo haya hecho, pero el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, puede todavía hoy lunes honrar su palabra y tramitar lo necesario para que mañana su ex correligionaria Rosario Robles enfrente a sus inquisidores.

Al informar que la señora fue notificada el lunes de la semana pasada, el legislador dijo que se le emplazó “para comparecer personalmente o por escrito” ante esa instancia que pretende inhabilitarla hasta por 20 años (adicionales a los 10 que le aplicó ya la Función Pública) para trabajar en el servicio público.

—¿Ya supiste lo del juicio político? —le preguntó en la cárcel mi compañera Lourdes Mendoza “justo un día después de que en la Cámara de Diputados aprobaran comenzar un juicio político en su contra”.

—Sí, y buscaré que me dejen ir a la Cámara a defenderme, como marca el debido procedimiento.

Ante reporteros, Gómez aseguró que, en caso de que la ex funcionaria decidiera asistir a San Lázaro, la Cámara solicitará al juez (Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino cómodo de la diputada Dolores Padierna) dictar las medidas conducentes para garantizar la presencia de Robles en el recinto legislativo.

Esta nueva humillación a la única persona bajo proceso por la llamada estafa maestra tiene como pretexto el presunto desvío de recursos federales cuando la señora fue titular de las secretarías de Desarrollo Social, primero, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el sexenio peñanietista.

Asesinada la respetable tradición del circo por la estulta prohibición de exhibir animales, será en la pista de la Cámara de Diputados donde se ofrecerá un entretenido espectáculo de compensación, con la exposición de una sarta de calumnias y vaguedades como las que el propio Gómez anticipó al contar que, “en su primera reunión para analizar el expediente, la sección instructora acordó solicitar a diversas secretarías de la administración pública federal, universidades públicas y a la Auditoría Superior de la Federación copias certificadas o archivos físicos de las actuaciones relacionadas con los desvíos de recursos públicos imputados a la ex secretaria”.

La petición es por demás insensata, ya que no existe un solo señalamiento que involucre a Rosario Robles en saqueo alguno. —¿Te arrepientes de haberte presentado? —le preguntó Lourdes (El Financiero, 4 de diciembre).

—No, porque soy inocente y, si no me presentaba, hubiera aceptado mi culpabilidad; dos, porque a mí me acusan de omisión, no de habérmelo robado; y tres, porque creo en la presunción de inocencia y el debido proceso, y yo no lo estoy violentando.

Aquí aplicaría el dicho de Benito Juárez: ‘a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas’. La columnista recuerda que la acusación contra Robles no ameritaba prisión preventiva, se presentó voluntariamente en dos ocasiones ante el juez y, de los 11 implicados en la estafa maestra, “es la única que está en la cárcel…”.

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Fuente: http://bit.ly/2YEyZ9q

a embestida moreniana contra los organismos autónomos del Estado, reactivada inmediatamente después del asalto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene ahora en la mira al Instituto Nacional Electoral con el escamoteo de recursos presupuestales, la amenaza de que la presidencia del Consejo General se acomode a los relevos políticos de cada trienio y, el año próximo, con la imposición de cuatro consejeros de quinta que se acomoden a los designios de la cuarta.

En tanto se ventila en las instancias implicadas la controvertida presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra tiene la mejor oportunidad para demostrar genuina voluntad de actuar con independencia y no como activista devota de la cuarta transformación: darle continuidad a la recomendación 29 de 2019 sobre la cancelación del Programa de Estancias Infantiles y a la reacción jurídica de la propia CNDH a la fulminante descalificación que le propinaron las dependencias aludidas y el propio presidente de la República.