Es improbable que lo haya hecho, pero el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, puede todavía hoy lunes honrar su palabra y tramitar lo necesario para que mañana su ex correligionaria Rosario Robles enfrente a sus inquisidores.

Al informar que la señora fue notificada el lunes de la semana pasada, el legislador dijo que se le emplazó “para comparecer personalmente o por escrito” ante esa instancia que pretende inhabilitarla hasta por 20 años (adicionales a los 10 que le aplicó ya la Función Pública) para trabajar en el servicio público.

—¿Ya supiste lo del juicio político? —le preguntó en la cárcel mi compañera Lourdes Mendoza “justo un día después de que en la Cámara de Diputados aprobaran comenzar un juicio político en su contra”.

—Sí, y buscaré que me dejen ir a la Cámara a defenderme, como marca el debido procedimiento.

Ante reporteros, Gómez aseguró que, en caso de que la ex funcionaria decidiera asistir a San Lázaro, la Cámara solicitará al juez (Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino cómodo de la diputada Dolores Padierna) dictar las medidas conducentes para garantizar la presencia de Robles en el recinto legislativo.

Esta nueva humillación a la única persona bajo proceso por la llamada estafa maestra tiene como pretexto el presunto desvío de recursos federales cuando la señora fue titular de las secretarías de Desarrollo Social, primero, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el sexenio peñanietista.

Asesinada la respetable tradición del circo por la estulta prohibición de exhibir animales, será en la pista de la Cámara de Diputados donde se ofrecerá un entretenido espectáculo de compensación, con la exposición de una sarta de calumnias y vaguedades como las que el propio Gómez anticipó al contar que, “en su primera reunión para analizar el expediente, la sección instructora acordó solicitar a diversas secretarías de la administración pública federal, universidades públicas y a la Auditoría Superior de la Federación copias certificadas o archivos físicos de las actuaciones relacionadas con los desvíos de recursos públicos imputados a la ex secretaria”.

La petición es por demás insensata, ya que no existe un solo señalamiento que involucre a Rosario Robles en saqueo alguno. —¿Te arrepientes de haberte presentado? —le preguntó Lourdes (El Financiero, 4 de diciembre).

—No, porque soy inocente y, si no me presentaba, hubiera aceptado mi culpabilidad; dos, porque a mí me acusan de omisión, no de habérmelo robado; y tres, porque creo en la presunción de inocencia y el debido proceso, y yo no lo estoy violentando.

Aquí aplicaría el dicho de Benito Juárez: ‘a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas’. La columnista recuerda que la acusación contra Robles no ameritaba prisión preventiva, se presentó voluntariamente en dos ocasiones ante el juez y, de los 11 implicados en la estafa maestra, “es la única que está en la cárcel…”.

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Fuente: http://bit.ly/2YEyZ9q

a embestida moreniana contra los organismos autónomos del Estado, reactivada inmediatamente después del asalto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene ahora en la mira al Instituto Nacional Electoral con el escamoteo de recursos presupuestales, la amenaza de que la presidencia del Consejo General se acomode a los relevos políticos de cada trienio y, el año próximo, con la imposición de cuatro consejeros de quinta que se acomoden a los designios de la cuarta.

En tanto se ventila en las instancias implicadas la controvertida presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra tiene la mejor oportunidad para demostrar genuina voluntad de actuar con independencia y no como activista devota de la cuarta transformación: darle continuidad a la recomendación 29 de 2019 sobre la cancelación del Programa de Estancias Infantiles y a la reacción jurídica de la propia CNDH a la fulminante descalificación que le propinaron las dependencias aludidas y el propio presidente de la República.

El planteamiento de una sensata inquietud en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional provocó antier gran revuelo en el ciberespacio. Se gestó el hashtag #PrensaChillona donde miles de ignorantes xenófobos pusieron el grito en el cielo por la participación de activistas y comunicadores españoles en la mañanera presidencial de ese día.

El mismo 23 de octubre en que me ocupé de la bochornosa participación de “periodistas patito” en las conferencias tempraneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el aludido Marco Olvera subió a Twitter una carta de la que me enteré días después (no uso las “benditas” redes sociales) gracias a que no faltan quienes me participan de cosas que circulan en el vecindario cibernético y que quizá me interesen.

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación (con experiencia en seguridad, inteligencia y terrorismo), quien tiene discrepancias políticas de fondo con la titular Olga Sánchez Cordero, sigue comprensibles pero riesgosas instrucciones del presidente de la República negociando… con criminales.

Una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será paciente en la negociación con el magisterio sobre la reforma educativa.

Todas las mañanas el presidente López Obrador ofrece en su conferencia de prensa un doble espectáculo de abuso: de palabra y de poder.

 

Abusa todos los días de su derecho a la palabra y cruza algunos días los linderos de abuso de poder.

 

El abuso de la palabra empieza por la cantidad de tiempo que el Presidente habla, por el espacio que captura en los medios y por el carácter casi monopólico de esa captura.

 

No hay en los medios atención o espacios equivalentes, proporcionales, para los otros actores políticos, en particular para la oposición y, sobre todo, para los afectados por la palabra presidencial.

 

La consecuencia de este virtual monopolio mediático es que el Presidente y sus palabras ocupan casi todo el espacio público y son el eje de casi toda la discusión política. Si a este mecanismo diario del discurso del poder añadimos lo que baja de los discursos del Presidente en sus giras, lo que tenemos es un uso avasallante de la palabra, un uso poco democrático del discurso político.

 

Un uso legal, pero no ético, como diría el propio Presidente.

 

La línea que divide el abuso de la palabra y el abuso de poder es muy delgada.

 

El Presidente suele cruzarla cuando deja de hablar sobre algo y empieza a hablar contra algo. La puerta de entrada al abuso de poder de la palabra presidencial es lo que el Presidente llama su derecho de réplica.

 

No deja de ser cómica la idea de que el personaje público que casi monopoliza la atención de los medios exige también derecho de réplica. En realidad, quienes carecen de derecho de réplica son las personas y las instituciones que descalifica el Presidente.

 

El abuso de poder alcanza su clímax cuando el Presidente usa su tribuna mañanera para denunciar delitos que castigará, en vez de usar las instancias judiciales que tiene para castigar esos delitos. Cuando borra la línea que hay entre su voluntad y la ley, el Presidente abusa de su poder de palabra y cruza al menos dos linderos del abuso del poder. Uno legal: el lindero de la difamación.

 

Otro político: el lindero del linchamiento de sus adversarios desde el poder.

 

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Fuente: https://bit.ly/2CrNSSv

El sábado, MILENIO publicó Los 13 momentos que marcaron los primeros 100 días de AMLO y algunas de sus decisiones más polémicas: la masiva y mortífera explosión huachicolera en Hidalgo, el nepotismo en dependencias federales, las visitas de jefes de Estado, los vuelos en líneas comerciales, las cancelaciones de obras para el aeropuerto en Texcoco y el Programa de Estancias Infantiles, la caída del helicóptero en que murieron la gobernadora de Puebla y su esposo, y la abrogación de la reforma educativa.

Pese a las dudas, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo unánime del Senado sobre la Guardia Nacional y sofocó el titubeo de sus diputados, que perfilaban terquear con la subordinación al Ejército.