El Issste aclaró POSTERIORMENTE a lo sucedido que fue un SIMULACRO ¡Ajá! Se refirió a la fotografía en la que aparece López Obrador visitando a un “paciente” de coronavirus en un hospital de Cuernavaca.

Las de 2018 costaron diez dólares por elector; en Colombia, ese mismo año, 12; en Brasil más de 13 y en Estados Unidos ronda los 30 dólares.

Hasta el día 5 de junio, se han reportado 6,664,908 casos de COVID-19 en todo el mundo, y 391,686 muertes. En México se han confirmado 105,680 casos y 12,545 muertes. Estos datos tomados del Centro para Ciencia e Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Johns Hopkins, colocan a nuestro país en la posición número siete de los países con más fallecimientos (1).

Me cuentan que fui tundido en el vecindario cibernético (no estoy en las “benditas” redes sociales) por afirmar que el doctor Hugo López-Gatell “dejó ver al pequeño protonazi que lleva dentro” al descalificar a la senadora Alejandra Reynoso con artilugios de psiquiatra o psicólogo. Irónico al aventurar su diagnóstico, el subsecretario fue misógina y rudamente despreciativo.

Del “como anillo al dedo” al “íbamos muy bien”, en tiempo récord.

Las amenazas de atentado, que se han estado realizando en contra del periódico Reforma, me han motivado a compartir este escrito para manifestar mi desacuerdo a estos hechos condenables, debido a la violación que se hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación menciono.

El ARTÍCULO 6. De la citada Constitución indica que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

El ARTÍCULO 7. Indica que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y de comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo 6.

Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

En México, no debemos permitir la violencia contra un medio de comunicación o persona que está ejerciendo su derecho a informar, opinar, orientar, enseñar y criticar; por tal motivo, expreso a través de este escrito mi inconformidad y malestar en contra de los autores materiales e intelectuales que amenazan a un medio de comunicación y atentan contra la libertad de expresión, tratando de evitar cumplir con un trabajo informativo y de critica.

Los mexicanos debemos estar preparados para impedir que en el Congreso se puedan modificar los artículos antes citados, debido a que son la base de nuestra libertad de expresión, ya que actualmente todavía podemos hablar, escribir, criticar y manifestarnos libremente; lo anterior lo menciono, porque existen políticos como la diputada Dolores Padierna Luna; su esposo René Bejarano; el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; Héctor Díaz Polanco, secretario de organización de MORENA; el senador Salomón Jara, que hasta quería presentar una iniciativa de ley para que desapareciera el Heroico Colegio Miliar, todos los mencionados y otros más, son afines al socialismo y han manifestado en forma abierta su simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro y tienen intenciones de establecer en México un gobierno semejante al de Venezuela.

Para establecer el socialismo en México, se requiere derogar nuestra Constitución Política a través de la denominada democracia participativa, y también mediante el establecimiento de un Congreso Constituyente; por lo tanto, no debemos permitir esta aberración, ya que seriamos un país sumiso, controlado y explotado, como sucede en otras naciones latinoamericanas que tienen esos gobiernos autoritarios, donde la mayoría de sus habitantes viven con privaciones y sufrimiento, pero los dirigentes viven en la opulencia. 

Todos los diputados de oposición y algunos de MORENA y sus aliados, como buenos mexicanos deben desarrollar su trabajo legislativo pensando siempre en beneficiar al pueblo de México y no a una sola persona, grupo o partido político; recientemente lo hicieron al evitar que el presupuesto fuera manejado por una sola persona, ya que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como lo estipula el artículo 49 de la Constitución; por lo tanto, el manejo del presupuesto le corresponde al Poder Legislativo. 

En la misma Constitución se establece que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución.

Así como la peste negra o bubónica (1347-1353) no precipitó el fin de la Edad Media (siglos V al XV) ni el inicio del Renacimiento (XV y XVI), la (femenino porque es una enfermedad) de covid-19 no tiene algo que ver, ni remotamente, con el neoliberalismo.

Aunque había dicho ya que no coincidía con la visión y peticiones de los representantes de la industria y la banca con quienes comió en Palacio Nacional, quienes le demandaron lo que en las vísperas había pedido el Consejo Coordinador Empresarial para que se concedan prórrogas a la presentación de las declaraciones anuales de impuestos y plazos para cubrir el importe de servicios diversos a negocios en apuros por falta de liquidez, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la ilusión de que ayer presentaría un plan de reactivación económica tendiente a mitigar los efectos de la crisis desatada por la pandemia.

Los países que han ahorrado dinero en los últimos años al reducir los servicios de salud, ahora pagarán mucho más como resultado de la epidemia…”. ¿A qué país le viene el saco de este bochornoso vaticinio? Al nuestro.

Con menos de 100 casos confirmados y ninguna muerte aún, pareciera que México la pasa bien con el coronavirus, percepción tan engañosa como escandalosa la realidad: en donde mejores condiciones debiera haber, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no solo hay desabasto de equipos y materiales, sino que al personal no se le ha dicho qué protocolos seguir para la demanda que, previsiblemente, se volverá tumultuaria.

El pésimo manejo de la política pública de salud empezó hace un año en todo el sistema hospitalario y tiende a empeorar con los tumbos dados para sortear la peste Covid-19.

La realización del Vive Latino con 60 mil espectadores, mientras en el Azteca hubo futbol sin público; el anuncio de suspensión de clases a partir del 20 de marzo, pero el adelanto de una semana decidido por los gobiernos locales; la humillante pasividad del subsecretario a cargo de la indefinida “estrategia”, frente a la insistencia del Presidente en acudir a eventos masivos (con riesgosos besos y abrazos), ilustran el desorden prevaleciente.

En el mundo, la nueva peste ha cobrado casi ocho mil vidas y tiene en capilla a poco menos de 200 mil, y apenas nos está llegando. Muy cerca de nosotros, en Estados Unidos y Canadá, se vive ya en estado de emergencia.

Después de China, cuyo mariscal contra la epidemia (Zhong Nanshan) dice que se está bajando la cantidad de brotes y que probablemente la amenaza se desvanezca en abril (deberán capotearla todavía mes y medio), el epicentro está hoy en Europa.

Es remota la esperanza de cura: la Organización Mundial de la Salud calcula 18 meses para que se desarrolle una vacuna y su director general (Tedros Adhanom), dice que todo el mundo debiera “despabilarse y considerar a este virus como el enemigo público número uno”. Da la impresión de que no se piensa lo mismo en el gobierno mexicano.

Entre otras razones porque se ignora qué persona, cuál institución o instancia interdisciplinaria lleva la batuta de la estrategia contra el flagelo que hizo decir ayer al presidente de Francia (Emmanuel Macron): “Estamos en guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo está ahí. Invisible, escurridizo…".

Por estas y otras razones cobra sentido la pregunta y la demanda: ¿dónde está el Consejo de Salubridad General? Subordinado al Presidente, se trata de la autoridad colegiada sanitaria constitucional de México; un órgano liderado por el secretario de Salud (inexistente para empezar), conformado prácticamente por todas las secretarías de Estado (¿Qué tal los efectos económicos?) y los directores del Issste y el IMSS, más representantes de las entidades federativas.

Sus decisiones son de aplicación general y obligatoria.

Puede, por ejemplo, hacer declaratorias de emergencia para la promulgación de decretos de cancelación de libertades por razones sanitarias, equivalente a las medidas de excepción que por seguridad puede ordenar el comandante supremo de las fuerzas armadas...

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Impensable que a los secretarios federales de Salud del “periodo neoliberal” les hubiera sucedido lo que al actual, Jorge Alcocer Varela, quien 10 meses después de iniciada la crisis que padece el sector apenas el jueves reciente visitó el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para escuchar las precariedades que hace mucho se venían denunciando en los medios.

El secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, parece haber asumido, tarde pero aún a tiempo, que la guerra (“de Calderón”) que el gobierno se ha resistido a mantener contra la delincuencia no solo persiste, sino debe afrontarla el gobierno que venía pregonando abrazos en lugar de balazos.

Lo menos que puede uno reconocerle al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es su acierto en el reproche a quienes, desde el equipo de mayor confianza del presidente de la República, balconean persecuciones contra eventuales infractores de la ley, violentando su derecho al debido proceso.