Aunque había dicho ya que no coincidía con la visión y peticiones de los representantes de la industria y la banca con quienes comió en Palacio Nacional, quienes le demandaron lo que en las vísperas había pedido el Consejo Coordinador Empresarial para que se concedan prórrogas a la presentación de las declaraciones anuales de impuestos y plazos para cubrir el importe de servicios diversos a negocios en apuros por falta de liquidez, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la ilusión de que ayer presentaría un plan de reactivación económica tendiente a mitigar los efectos de la crisis desatada por la pandemia.

Pero eso no sucedió.

Queda sin embargo la esperanza de que algo sobre el tema diga y haga (en eso quedó con sus invitados) hacia mediados de abril y que, fuese lo que sea, sirva de algo y se esté a tiempo de que no se pulvericen más los empleos.

Con lo dicho en su innecesario (y repetitivo de las mañaneras) “quinto informe”, lo único seguro es que no modificará su posición y que, en plena emergencia sanitaria y económica, continuará aplicando su más consistente característica: voy derecho y no me quito.

Mucho más improbable que una eventual reconsideración es que acepte la propuesta que, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, le hizo una treintena de personalidades con el propósito de que, “bajo su liderazgo, se convoque a la brevedad a los principales actores económicos y sociales para construir un acuerdo nacional para superar la crisis, y establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad”.

Los firmantes le pidieron actuar “con rapidez y contundencia”, porque el escenario “requiere un replanteamiento profundo de las metas y parámetros del programa económico 2020 formulado hasta este momento.

Solo así podrá el Estado mexicano poner en marcha una respuesta a la altura del reto que enfrentamos.

Tiempos inéditos requieren medidas inéditas…”.

En vez de ello, hizo un repaso de su política social con empleos permanentes y de aprendices, reiterando, pese a calificadas opiniones en contra, que las obras de Santa Lucía, Dos Bocas y el tren maya continuarán.

Refrendó los apoyos a la población menos favorecida, pero ni una palabra dedicó a los casi 40 millones de asalariados en riesgo de despido ni a los 12.5 millones que dependen de la economía informal, pues nada dijo de las pequeñas y medianas empresas que, a diferencia del gobierno (dando trabajo no productivo y pagado por el erario), son las únicas que pueden reactivar la economía.

Mala noticia para sí mismo y hacia abajo, hasta el nivel de subdirectores de la ex “alta burocracia”: ganarán menos y no tendrán aguinaldo. Aludió de nuevo a los tiempos fiscales devueltos a radio y televisión (que nada tienen que ver con el covid-19), pero no repitió el desatino de que se podrán “comercializar” (la ley lo impide).

Sin novedad, pues, en el frente, lo mejor es aquilatar que las audiencias ganarán el alivio de escuchar menos mensajes gubernamentales.

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