Una de las acciones que más se valoran y se aplauden en el gobierno de la cuarta transformación es su programa de “austeridad republicana”, después de transitar por gobiernos priistas y panistas que derrocharon una riqueza nacional en excesos y lujos para satisfacer los caprichos de una burocracia palaciega, la urgencia era cerrar la llave para reencauzar el gasto público. Pero reconociendo el enorme esfuerzo que demanda tapar las fugas del presupuesto, aquellos responsables de las finanzas nacionales tienen que cuidar que el enfermo no se les vaya a morir. Sucede cuando existe una hemorragia y como emergencia se aplica un torniquete para frenar la sangre, si ese torniquete se aprieta de más se corre el riesgo de asfixiar la extremidad propiciando una gangrena que no deje otra salida que amputar.
Ya lo vimos en dos casos, en el de las estancias infantiles que fueron cerradas de súbito dejando a miles de niños y a sus trabajadoras madres al aire, o los centros para la atención a mujeres maltratadas que fueron cerrados sin tener la alternativa para atender el drama.
Ahora flotan dos nuevos casos que como los torniquetes, si no se ajustan, acabaremos amputando el de los medicamentos y el de los libros de texto. Sin discusión, la compra de medicinas para el ISSSTE se convirtió en una cueva de Alí Babá, en demérito de la calidad de atención a los derechohabientes, medicinas caras y escasas y que era obligado a rediseñar el esquema de compras que estaba contaminado por una corrupción rampante. Pero de ahí a que se suspendieron de la noche a la mañana las compras de medicamentos para tratamientos que, sí se suspenden, son mortales. Como el VIH o el cáncer.
Es otra cosa bajar la cortina del gasto, es un asunto tan delicado mientras se aclara quién surte en forma y quien hace los precios para el reparto de moches es injusto, no para el que vende los medicamentos, sino para el paciente que tiene que suspender su dosis. Que sucederá cuando algun enfermo fallezca y se atribuya su deceso a que no se le surtio el medicamento, acaso eso no calificaría como homicidio imprudencial. Y cuando la familia interponga la demanda por negligencia, ¿quién responderá?, el director del seguro social, el secretario o la oficial mayor de hacienda se atreverán a colocar al presidente Andrés Manuel López Obrador en una posición vulnerable, de ser llamado a juicio por una deficiencia en la implementación de algo que tenía una buena intención.
Lo mismo sucede con los libros de texto, en la Secretaría de Educación están encendidos los focos rojos porque el papel para imprimir que debió comprarse en diciembre pasado, aún no se adquiere. El argumento fue que se le tenía que meter lupa a los costos o que había que ir a una subasta inversa para ver quién podría surtir el papel al precio que el gobierno estimaba, se fueron los meses y cuando se obtuvo la licitación sucedió quien tuvo los mejores precios fue Miguel Rincón Arredondo, quién era uno de los grandes proveedores históricos por la dimensión de su Grupo Industrial pero como acababa de consumar su compadrazgo con el presidente, vinieron las entendibles críticas y se revocó la compra para no dejar sospechas.
El gobierno de la cuarta transformación podría convertirse en el primero que no pueda repartir los 18 millones de libros de texto en el arranque del próximo ciclo escolar.
Son dos puntos sensibles y cruciales que merecen ser limpiados de la rampante corrupción, siempre que no se frené las acciones que son urgentes de implementar.
Bienvenida la austeridad y la lucha contra la corrupción pero el camino adoptado de sospechar y culpar a todos de todo hasta que no se prueben su inocencia, será suicida.
¡Ayúden al presidente, no lo pongan contra la pared!
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