Después de dos años de omisión legislativa, en el Congreso del Estado se presentó la iniciativa para crear la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, la cual tiene como objetivo brindar certeza jurídica a familiares –especialmente a hijas e hijos– de personas no localizadas en Puebla.

 

Este jueves durante sesión ordinaria, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz, promovió la expedición del marco legal que busca reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de personas desaparecidas.

 

Ante el Pleno del Poder Legislativo explicó que las víctimas indirectas del delito de desaparición, en este caso, los familiares, deben enfrentarse a diversas situaciones de incertidumbre jurídica tras la ausencia de un ser querido.

 

Ejemplificó que, en algunos casos, la patria potestad de las hijas e hijos de una persona desaparecida queda en el desamparo, por lo que terceras personas están imposibilitados de asumir su cuidado y realizar trámites como su inscripción a escuelas.

 

También señaló que, en caso de que la víctima de desaparición contara con algún crédito bancario o hipotecario, sus familiares estarían en riesgo de perder su patrimonio ante la falta de pago por parte del titular.

 

Bajo ese entendido, a través de la nueva ley se realizaría la Declaración Especial de Ausencia, una resolución emitida por un órgano jurisdiccional competente, en la cual se reconoce jurídicamente la situación de desaparición de una persona, con la finalidad de proteger sus derechos y de sus familiares.

 

“Se encuentran y se han encontrado en riesgo por años los derechos de las víctimas directas e indirectas de desaparición de personas en nuestra entidad, porque no existe una ley que regule el procedimiento para que cuenten con la Declaración Especial de Ausencia”, comentó.

 

Mónica Silva apuntó que el Congreso del Estado se encontraba en una omisión legislativa por no haber aprobado la expedición de dicha ley desde el 2021, ya que los familiares de personas desaparecidas debían recurrir a amparos ante la falta de un marco legal.

 

Resaltó que la iniciativa fue elaborada en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Unidad Iberoamericana, así como de la mano de integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos.

 

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal