El 21 de diciembre pasado fue acribillado en Acapulco el candidato de Morena, Ricardo Taja Ramírez, el 4 de enero en Cuautla Morelos, fue muerto Alfredo Giovanni Lezama, precandidato del PAN a una diputación local, y en este año el 5 de enero fueron asesinados en Armería Colima Sergio Hueso, candidato de Movimiento Ciudadano y David Rey González aspirante de la coalición PRI, PAN, y PRD en Suchiate Chiapas.
Esto es apenas el principio de lo que se presagia para la contienda, electoral del año 2024 en la que la violencia será un factor que jugará decisivamente de la mano del crimen organizado, para los que piensan que esto es una exageración vean las cifras de la organización “Votar entre Balas” que reporta que en cinco años del gobierno de la 4t en México se tienen registrados 1,546 ataques de violencia criminal dirigidos contra candidatos o personas relacionadas con sus aspiraciones políticas.
Esto incluye amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones, y secuestros de candidatos o dirigentes de partidos políticos, buscando influir en las decisiones que por el voto popular le pertenecen exclusivamente a la ciudadanía, por desgracia los pronósticos de los analistas no son nada alentadores de cara a los comicios del próximo domingo 2 de junio, la estimación es que podríamos pasar de lo que debería ser una jornada democrática a una de violencia en la que no solo las acciones intimidatorias sino el abundante dinero del narcotráfico acaben por jugar un papel clave para definir cargos estratégicos de elección popular especialmente diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y sobre todo la presidencia de México.
Lo que se observa en el arranque de esta contienda es que los grandes capos de los cárteles como el de Sinaloa o el CJNG, tienen ya compromisos para apoyar a algunos candidatos que les son clave para controlar los territorios en los que operan sus cultivos, sus laboratorios y sus trasiegos de droga hacia Estados Unidos, y esos compromisos también incluyen pactos para inhibir candidaturas y mediante amenazas, secuestro, o simple “persuasión” para forzar a algunos aspirantes a abandonar sus aspiraciones.
Se habla con insistencia de que en el caso de Claudia Sheinbaum, alguno de los cárteles ya envío las suficientes señales para imponer el veto sobre Omar García Harfuch, porque sienten que el ex jefe de seguridad de la Ciudad de México, favoreció durante su gestión a sus rivales, la prueba de esta tesis descansa en el grave atentado que García Harfuch, que sufrió en junio del 2020, y en el que fueron disparadas quinientas balas en un intento por acabar con su vida, dicen que la afrenta no está saldada.
También del lado del Frente Amplio existen grandes bloques del crimen organizado que sienten que la oposición no tiene en sus filas algún personaje con el que pueden dialogar para al menos mantener el actual status de lo que se vive con los territorios que cada cártel domina y que no existe sobre la mesa de Xóchitl Gálvez, ninguna estrategia que pueda reemplazar a la de “Abrazos, No balazos” y que les garantice impunidad y complicidad, no solo de la guardia nacional, sino del ejercito mismo, ya en comicios pasados se asomó la sombra del narcotráfico como en los de 1994 Cuando se dio el magnicidio del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio.
Pero de lo que se habla hoy no es de una sombra, sino de una abierta intervención de un poder que en este sexenio creció por incapacidad o por complicidad de la mano del inquilino de Palacio Nacional.
Hasta entregarles el control sobre más de la mitad del territorio nacional, además de las cuatro muertes de candidatos en este violentísimo arranque del 2024, están los atentados y secuestros múltiples en Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Querétaro, por citar algunos estados en los que la violencia se mira.
Acabaremos por aceptar candidatos que estén dispuestos a pactar a cambio, de que se les respete la vida, esto sería muy delicado de llegar a darse.
