“La Corte echó para atrás esta ley porque dejaba una ‘amplia discrecionalidad a la asignación de la obra pública’, no había ninguna restricción para que gobernador o presidente municipal asignaran un proyecto”, dijo
“Novatos y faltos de conocimiento” se vieron los diputados locales de Morena y sus incondicionales en el Congreso de Tabasco, expresó
Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la denominada “Ley Compadre”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que lo aprobado por el Congreso del Estado de Tabasco violaba los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en el gasto de los recursos públicos, indicó el senador el Grupo Parlamentario del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez.
“Lo dije en su momento y le pedí al Congreso, mayoritariamente de Morena, que no aprobaran esa ley, que era inconstitucional, que violaba diversos preceptos, que tiene que ver con el manejo del recurso público, es que no es el dinero del gobernador el que está en juego, es el dinero de todos los tabasqueños, por eso tiene que haber claridad, tiene que haber transparencia”, enfatizó.
El 6 de julio, la SCJN declaró como inconstitucionales las reformas hechas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Tabasco, las cuales permitían asignar obras públicas de manera directa, sin que se realizara proceso de licitación alguno.
Juan Manuel Fócil señaló que los integrantes del Congreso del Estado de Tabasco se dejaron ver como “novatos, faltos de conocimiento”, al aprobar este tipo de reformas. “Esto que hizo el gobernador fue un retroceso de 20 o 30 años fácilmente en lo que es el manejo de la transparencia de la obra pública en México, en otras partes del país le llamaron la ‘ley compadre’ como una burla a lo que se estaba haciendo en Tabasco”, dijo.
El senador del PRD hizo un llamado a los diputados locales a tener cuidado con las iniciativas que aprueban, pues su labor es de cuidar los intereses de todos los tabasqueños. “La Suprema Corte echó para atrás esta ley porque dijo que dejaba una ‘amplia discrecionalidad a la asignación de la obra pública’, o sea no había ninguna restricción para que gobernador o presidente municipal pudieran asignar la obra con el simple pretexto de que sea estratégico”, concluyó.
