El Gobierno propuso un plan por casi ocho millones de dólares para que inmigrantes eritreos demandantes de asilo abandonen el país, y para reparar las zonas que considera son afectadas por esa comunidad africana.

 

El proyecto fue formulado tras los fuertes disturbios que estallaron la semana pasada en Tel Aviv.

 

Tras celebrar una reunión, el Gabinete gubernamental «presentó para su aprobación un plan detallado de aproximadamente 30 millones de shékels (7,8 millones de dólares) para abordar el problema de los infiltrados», un término que ha empleado para referirse a los eritreos que ingresaron ilegalmente al territorio israelí.

 

El presupuesto servirá «para alentar a los infiltrados a que se vayan, fortalecer a los ciudadanos veteranos, reconstruir las sinagogas que han sido dañadas, ayudar a estudiantes y jóvenes, y más», comentó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Gobierno.

 

«El plan especial fortalecerá el sur de Tel Aviv y otros puntos en los que hay infiltrados ilegales», añadió.

 

El 2 de septiembre, al menos 170 personas resultaron heridas -30 de ellas policías- cuando choques entre solicitantes de asilo procedentes de Eritrea, simpatizantes y opositores del gobierno de Asmara, derivaron en fuertes enfrentamientos con la Policía.

 

Los disturbios estallaron cuando un grupo de eritreos boicoteó un evento de la embajada de su país en el sur de Tel Aviv arrojando tablas y piedras, destrozando las tiendas aledañas y prendieron incendios, mientras la Policía utilizó gases lacrimógenos, bombas aturdidoras e incluso disparos para dispersarlos.

 

Ese mismo día, Netanyahu dijo que su gobierno examinaría «medidas encaminadas a la deportación» de «los infiltrados ilegales», y el martes pasado, 51 eritreos que presuntamente participaron en los disturbios fueron encarcelados bajo el régimen de detención administrativa, sin cargos ni juicio (aparentemente para no arruinar la posibilidad de que abandonen Israel  en dirección a terceros países).

 

Además de inducir a los eritreos a abandonar Israel, el plan gubernamental presentado contempla «aumentar la resiliencia personal en beneficio de las mujeres que viven en áreas con altas concentraciones de infiltrados», así como «reparar sinagogas que han sido vandalizadas» y brindar «asistencia jurídica a residentes locales».

 

«La angustia de los residentes de los barrios saturados de infiltrados es un problema (…) ciudadanos preocupados por la seguridad de sus hijos y de sus padres ancianos, y viven en una dura realidad. Esto es inaceptable», dijo el ministro de Resiliencia Nacional, Yitzhak Waserlauf.

 

Se estima que unos 25.000 eritreos residen en Israel, la mayoría en Tel Aviv. Se trata de solicitantes de asilo que se encuentran en un limbo legal, con un permiso de estancia temporal pero sin estatus de refugiado.

 

Los eritreos que actualmente están en Israel llegaron al país de forma ilegal y clandestina, cruzando desde la península egipcia del Sinaí.

 

Este flujo quedó truncado cuando Israel finalizó la construcción de una valla de 230 kilómetros de largo en su frontera con Egipto hace casi una década, con el objetivo declarado de prevenir la inmigración ilegal de africanos que entraban al país, considerados «infiltrados» por las autoridades.

 

Los enfrentamientos entre grupos de eritreos rivales ya han ocurrido anteriormente en Israel. En 2020, una persona resultó muerta a puñaladas.

 

Desde que Eritrea se independizó de Etiopía, hace 30 años, no ha habido nuevas elecciones y el gobierno local exige visados de salida a sus ciudadanos para que puedan abandonar del país. Muchos de ellos también están sujetos a un servicio militar obligatorio que se puede extender durante muchos años, uno de las razones que ha hecho que cientos de miles de personas huyeran hacia el exterior. EFE y Aurora