Las compras del gobierno son uno de los espacios en los que puede haber corrupción e impunidad con mayor facilidad.
Precisamente por ello, una de nuestras labores se ha concentrado en el análisis y seguimiento de las contrataciones públicas para detectar irregularidades, problemas y áreas de mejora, entre las que destaca la larga y aún vigente tradición del uso y abuso de las adjudicaciones directas. El mes de septiembre es particularmente llamativo, pues ha representado el pico más alto de dinero público entregado a través de adjudicaciones directas en lo que va del 2020, al mismo tiempo que encamina a que este año se rompa, nuevamente, el récord de adjudicaciones directas de la década, pues 79.3% de los contratos han sido entregados por este mecanismo.
La información oficial de la plataforma COMPRANET muestra que durante los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal ha celebrado 104,999 contratos por un total de 333,910 millones de pesos (mdp). De estos, 83,261 han sido entregados por la vía de la adjudicación directa, es decir, el 79.3% del total de contratos; mientras que la licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado de acuerdo con la Constitución, ha sido usada sólo para 12,501 contratos, el 11.9% del total.
