Colectivas y organizaciones feministas exigieron a quienes aspiran a gobernar y legislar el estado se comprometan con la despenalización del aborto en el Congreso de Puebla, pero también a la ampliación de la cobertura para interrumpir un embarazo y la profesionalización del personal médico que otorga el servicio en la entidad vía amparo.

 

En conferencia de prensa, expusieron cinco de las deudas que tienen las autoridades con la despenalización del aborto en el estado, entre ellas que los servicios de salud se han centralizado, por lo que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo a través del amparo ganado por colectivas no puedan hacerlo en otros municipios.

 

Maribel Luna de Católicas por el derecho a decidir, Rubí Cervantes de Hablemos de Género, Michelle Rodríguez de Tecito de ruda de San Martin Texmelucan, Jessica Techalotzi de Cafis, Blanca Muñoz de Red La Morada y Zavine Magadán de Redefine se pronunciaron por ampliar la cobertura de atención que hasta ahora sólo se practica en el Hospital de la Mujer en la capital poblana.

 

Jessica de Cafis indicó que de 158 solicitudes de aborto que recibió CAFIS como parte del acompañamiento que pueden ofrecer después de ganar un amparo que obliga a las autoridades a prestar el servicio de interrupción de manera segura y gratuita, sólo en 86 casos han expedido la constancia para que acudan a una clínica de las habilitadas por el gobierno estatal.

 

De éstas, sólo 22 han podido interrumpir su embarazo, 19 les fueron negados los servicios y de 19 usuarias desconocen lo que sucedió con su solicitud.

 

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    — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 8, 2024

 

 

 

Las mujeres y personas con capacidad de gestar que pidieron acompañamiento de CAFIS para abortar provienen de 16 municipios, como Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Tehuacán, por mencionar algunas.

 

Recordaron que la despenalización del aborto no sólo depende de un marco legal, sino de una adecuada implementación de los servicios y del acceso a ellos, ya que tampoco se ha garantizado la atención a quienes interrumpen su embarazo bajo las cuatro causales contempladas en el Código Penal local.

 

En este sentido, urgieron a impulsar la profesionalización del personal de salud y de todo funcionario público que interviene en los servicios de aborto en Puebla, sobre todo para fortalecer que la NOM-46 –que contempla la interrupción del embarazo en caso de agresión sexual—sea aplicada sin dilaciones, en casos de adolescencias e infancias.

 

Por otra parte, se pronunciaron por la separación entre lo político y lo religioso, ya que consideran hay una constante injerencia religiosa en el ámbito público tanto de candidatos que favorecen a algunas iglesias con “agendas conservadoras” como por actores religiosos que buscan imponer una “agenda política”.

 

Por ello, también propusieron que los aspirantes a algún cargo impulsen una agenda progresista y de derechos para garantizar el aborto legal y seguro.