La mayoría de estos señalamientos fueron por contratos irregulares con personas proveedoras y/o contratistas
(Alba Espejel) El año pasado Puebla se colocó en la segunda posición nacional por registrar más servidores públicos denunciados por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, con un total de 106 casos, así lo informó el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE, 2023). La mayoría de estos señalamientos fueron por contratos irregulares con personas proveedoras y/ o contratistas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este censo con el objetivo de conocer la gestión/desempeño de las instituciones de la Administración Pública y compartió que, en todo el país, 411 servidores fueron denunciados por presuntamente haber cometido un delito y, en suma, estar al frente de un cargo público.
De estos 411 casos, 134 ocurrieron en Nuevo León, colocando a esta entidad en el primer lugar de todo México y posteriormente Puebla sumó 106 hechos de este tipo. De los 106 casos poblanos, 50 fueron hombres denunciados, 26 mujeres y en el resto no se especificó el género.
El estudio señaló que la mayoría de estas denuncias fueron por contratos irregulares con personas proveedoras y/ o contratistas, luego por conflictos en materia de adquisiciones, arrendamientos, así como servicios, y por último en temas de obra pública.
Puebla, una de las entidades con más contratos realizados por administraciones públicas estatales
Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla fueron las entidades con los mayores montos asociados a los contratos realizados por las administraciones públicas estatales. En el caso poblano, el 17.7 por ciento de los contratos fueron por adjudicación directa, el 79.7 por licitación pública estatal o regional, el 1.6 por licitación pública nacional y por otro procedimiento 0.3 por ciento.
También Puebla se ubicó en la posición 19 nacional por registrar más servidoras y servidores públicos sancionados, puntualmente por la comisión de faltas administrativas. En total fueron 43 faltas administrativas y todas fueron de tipo no grave.
El reporte no detalló el nivel de los servidores, es decir, si trabajaban en un ayuntamiento, dependencia estatal o federal, sólo indicó que de los 43, fueron hombres 34 y el resto mujeres. Aunque hay un apartado de faltas graves, en el caso de Puebla, todas se catalogaron no graves, tampoco se detallaron las causas de la falta.
El Estado de México fue el que más sumó servidores sancionados con un total de 3 mil 411, le siguió Oaxaca con 353 y Ciudad de México con 353. Mientras que, los que menos reportaron fueron Quintana Roo con 4, San Luis Potosí con 3, Sinaloa con 1 y Colima con cero casos.
A nivel nacional y durante el 2022, a las servidoras y servidores públicos sancionados se les impusieron 6 mil 336 sanciones: 99.3 por ciento (6, 290) fueron de tipo administrativa y 0.7 por ciento (46), económica. Comparado con el 2021, la cantidad de sanciones impuestas aumentó un 16.5 por ciento.
También el año pasado y a nivel país, 411 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones: 61.5 % hombres, 18.5 % mujeres y para 20.0 %, no se identificó el sexo. Esta cifra representó una disminución de 69.7 % con respecto a 2021.
En la sección de “presupuesto ejercido por las instituciones de las administraciones públicas estatales, por entidad federativa” al año 2022, el estudio reveló que Puebla ejerció 101, 800.4 millones de pesos, lo que ubicó al territorio en la séptima posición nacional por más presupuesto ejercido.
Los estados con más recurso ejercido fueron México con 320,500.1 millones de pesos y Ciudad de México con 199,363.2. En contraste, los que menos han ejercido son Campeche con 17,946.6 millones de pesos, Baja california Sur con 15, 857.5 y Colima con 13,105.6.
Puebla también es uno de los estados con más solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales recibidas y respondidas el año pasado. De acuerdo con el informe, todas las que llegaron se respondieron y fueron 10 mil 591 en total. Los estados con la mayor cantidad de solicitudes recibidas fueron Jalisco, Ciudad de México, México y Chihuahua, en ese orden.
