No hay duda, lo que mal empieza, mal termina y pocas cosas han resultado tan mal en la actual administración como la relación del presidente AMLO y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que el presidente nunca le ha gustado la autonomía del poder judicial y tampoco ha aceptado de buena gana que la Suprema Corte haya emitido resoluciones opuestas a él.

 

Por ejemplo, contra la reforma eléctrica y por este motivo a lo largo de todo el sexenio ha utilizado su conferencia mañanera para atacar el poder judicial, asegurando que está secuestrado con una minoría rapaz y neoliberal y que trabaja al servicio del crimen organizado, y de la delincuencia de cuello blanco palabras textuales.

 

Estos desacuerdos provocaron que el pasado cinco de febrero el presidente presentará una iniciativa para reformar por completo el poder judicial, el punto que más preocupación ha generado es que en el caso de prosperar todos los ministros, magistrados y jueces serían elegidos mediante el voto directo, al fin que Morena tiene cautivos a un treinta por ciento del electorado con sus programas del “Bienestar”, por eso el presidente se da el lujo de decir que los ministros y jueces sean electos por el pueblo, en una consulta pública.

 

Sin embargo, esta propuesta también incluye reducir de once a nueve el número de ministros de la Suprema Corte reemplazar, al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial, y un órgano de Administración Judicial así como una reestructuración de las reglas procesales judiciales.

 

En otras palabras, se busca reformar de raíz al poder judicial, a modo después de las elecciones del 02 de junio, con la victoria del proyecto oficialista se concretó el llamado Plan “C”, en los hechos Morena y sus partidos aliados tendrían la mayoría en el Congreso de la Unión para apelar cualquier reforma.

 

 La reforma judicial incluida a lo largo de las últimas dos semanas por el presidente AMLO, ha anunciado prácticamente todas las mañanas que la reforma será aprobada en el mes de septiembre, una vez iniciada la nueva legislatura, pero antes de que el termine su gestión sin embargo la mayoría de los ministros de la Suprema Corte y buena parte de los expertos en la materia de derecho han rechazado esta propuesta del ejecutivo federal.

 

El presidente AMLO, asegura que va aprobarse su reforma judicial tiene con que tiene los votos desestimo los argumentos de los que se oponen a ella y descalifico al ministro Luis María Aguilar, por sus declaraciones y por haber sido designado por el ex presidente Felipe Calderón, tal vez señor presidente ya olvido que Arturo Zaldívar, su hombre más cercano en el poder judicial ahora asesor de justicia de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también fue nombrada por Felipe Calderón.

 

La realidad es que más allá de los ataques verbales del presidente exigen argumentos válidos para cuestionar su reforma judicial, expertos como Víctor   Flores, Jefe de la división de postgrado de la facultad de derecho, coinciden en que si bien es necesario mejorar la impartición de justicia elegir a los magistrados jueces y ministros ante el voto directo podría ser contra producente porque en lugar de erradicarse la corrupción pues se politizaría la justicia.

 

No posiblemente los miembros del poder judicial por sus conocimientos por sus capacidades sino que se les apoyaría por los intereses que eventualmente podrían defender y en el caso de la Suprema Corte, puede criticar a los ministros por muchas razones pero en términos generales habían sido gente con un perfil que cumplía los requisitos necesarios para quedarse en el puesto, cualquier mexicano sabe que los principales problemas de justicia no se concentran en la Suprema Corte, sino también en los ministerios públicos dónde la corrupción  es el pan de cada día.

 

también preocupa la viabilidad técnica de esta reforma, judicial se olvida que además de los once ministros de la suprema corte en México hay 1633 magistrados de circuito y jueces de distrito es difícil saber con qué recursos recursos económicos, se va organizar una consulta o elección, si el presidente también quiere hacer una reforma electoral que le quitaría presupuesto y capacidad operativa al INE tal vez el presidente se imagina puras consultas al vapor, vamos como la que aplico en el aeropuerto de Texcoco o tal vez esté tranquilo porque sabe que ese ya no va ser su problema.

 

En este sentido Claudia Sheinbaum, la candidata ganadora y presidenta electa ha hecho declaraciones matizadas hacia el presidente reiterando que se van a llevar a cabo una serie de encuestas ciudadanas con las barras de abogados, con las facultades de derecho, con los propios ministros y magistrados y obviamente con los trabajadores del poder judicial para que haya una discusión amplia sobre la iniciativa de reforma.

 

Apenas ayer el senador Morenista Ricardo Monreal como parte de la comisión permanente del congreso de la unión le pidió a la cámara de diputados que convoque a foros nacionales y regionales de discusión sobre la reforma judicial que van iniciar la próxima semana sin embargo hay dudas sobre cuál va ser el resultado de estos diálogos.

 

Serán tomados en cuenta o se tratan de otro trámite de una simulación de discusión que al final va ser ignorada por los legisladores estas dudas son válidas ya que a lo largo de todo el sexenio los diputados y los senadores afines al presidente aprobaron la mayoría de las iniciativas sin moverles una sola coma.

 

Lo que se espera es que se imponga la razón y el dialogo, así como la mesura de Morena.