El caso Ayotzinapa, está alcanzando un punto de explosión, el martes, el movimiento normalista quemó decenas de vehículos oficiales en Chilpancingo, lanzó explosivos a la Fiscalía del estado de Guerrero y tomó la Autopista del Sol.
Hace una semana, un contingente derribó la puerta de Palacio Nacional, una señal inequívoca de ruptura con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, analistas argumentan que hay información suficiente para concluir que los manifestantes del caso Ayotzinapa, están preparando una insurrección contra la 4T.
Para el movimiento, las razones le sobran el caso ha sido contaminado por una estela de muerte, desapariciones e impunidad; Yanqui R. Gómez Peralta, el estudiante normalista de 23 años que fue presuntamente asesinado por la Policía de Guerrero en Tixtla el 7 de marzo, fue parte de la primera línea de la protesta que derribó la puerta de Palacio Nacional.
Esto ocurrió el 6 de marzo, un día antes de su muerte; los familiares de Yanqui R. Gómez, lo identificaron a partir de una imagen que fue transmitida por Radio Fórmula.
El abogado Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los 43 desaparecidos del caso Ayotzinapa, le ha pedido a la Fiscalía General de la República, investigar si existe alguna conexión entre estos dos hechos.
No obstante, la fiscalía federal enfrenta sus propios problemas, dos agentes de la FGR que estaban asignados al caso Ayotzinapa, Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares, fueron reportados como desaparecidos el domingo. “Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren los jóvenes, están obstaculizando… quieren impedir que sigamos trabajando”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del martes 12 de marzo.
Ese mismo día, la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos informó que los agentes habían sido encontrados. Las autoridades no ofrecieron información sobre los motivos de la desaparición, la localización exacta, ni los detalles de la ausencia. Tampoco se pronunciaron sobre la información manejada por algunos medios de que Domínguez y Linares investigaban el asesinato de Yanqui R. Gómez.
Eso no fue lo más grave, ayer, el presidente López Obrador, informó que el policía estatal que disparó contra el estudiante normalista está prófugo. Se encontraba en arresto administrativo, pero escapó antes de que fuera entregado a la FGR. “Alguien le avisó”, dijo el presidente López Obrador, quien señaló que el acusado recibió ayuda de “intereses que están de por medio”.
Paradójicamente, el presidente López Obrador no se pronunció sobre el montaje judicial operado por el gobierno de Guerrero, que preside la Morenista Evelyn Salgado.
En una conferencia de prensa convocada a las 2 de la mañana del viernes 8 de marzo, horas después del asesinato de Yanqui R. Gómez, el secretario de Seguridad estatal, el general brigadier Rolando Solana Rivera, y el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, dieron una versión de los hechos que resultó completamente falsa, de acuerdo a la investigación posterior de la Fiscalía General de la República.
El propio López Obrador, admitió que “hubo abuso de autoridad”. Las autoridades de Guerrero aseguraron que los normalistas fueron detenidos en un retén porque tenían un reporte de que viajaban en un vehículo robado. Falso. Los tres jóvenes transitaban en una camioneta Nissan Frontier 2020, y se detuvieron en una tienda antes de asistir a un baile popular en Chilpancingo.
Uno de ellos se bajó a comprar y en ese momento, los dos estudiantes que se quedaron en la camioneta fueron interceptados por policías estatales. Yanqui R. Gómez, intentó encender el vehículo, pero el agente que ahora está prófugo disparó a las llantas y a los estudiantes. Uno fue acribillado, el otro resultó ileso.
Este es el recuento de hechos que Vidulfo Rosales, relató al medio Proceso con base en testimonios de los familiares de los normalistas. De acuerdo al abogado, el gobierno de Guerrero siempre tuvo conocimiento de que los estudiantes utilizaban esta camioneta para transportarse y sabían su ubicación.
El secretario de Seguridad y el Secretario de Gobierno de Guerrero, también dijeron que los policías estatales respondieron a una agresión. Falso. Los reportes de balística encontraron que sólo hubo trayectorias de disparo de afuera hacia dentro de la camioneta.
La FGR no encontró evidencia de que los estudiantes hubieran disparado. Tampoco se encontraron casquillos de armas cortas, tal como aseguró el gobierno de Evelyn Salgado.
Además, los policías estatales sólo presentaron a un detenido ante el ministerio público. El tercer joven no fue consignado ante un juez. Vidulfo Rosales, sostiene que fue llevado clandestinamente a la comunidad de Petaquillas sobre la carretera Chilpancingo. Estuvo secuestrado durante horas y probablemente fue torturado. Mientras el normalista estaba privado de su libertad, el general brigadier Solana y el secretario Reynoso departían mentiras en una conferencia de prensa.
Aquellas autoridades que anularon la versión manipulada que pretendía evadir la responsabilidad de los policías deben enfrentar responsabilidades penales. Si no se hace, se alentará la impunidad, menciono al medio Proceso, el abogado Vidulfo Rosales, quien reclamó a las autoridades de Guerrero que no les dieron acceso a los videos del C4 que muestran el asesinato de Yanqui R. Gómez.
La fiscalía de Guerrero se deslindó del escape del policía estatal, alegando que en su jurisdicción no existe la figura de arresto administrativo, que el acusado no fue consignado ante el ministerio público y que debe investigarse qué autoridad lo retuvo.
El encubrimiento del policía estatal y la especulación sobre el móvil del asesinato de un normalista que estuvo un día antes en Palacio Nacional ha exacerbado la tensión entre el movimiento del caso Ayotzinapa y el gobierno de AMLO.
“Estos son los que querían diálogo”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera del 12 de marzo, mientras mostraba una resortera y una piedra, presuntamente confiscadas a los manifestantes de la causa de los 43 desaparecidos. Durante meses, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos han elevado la intensidad de las protestas contra el gobierno para exigir una reunión cara a cara con el presidente de México.
En el fondo, el movimiento del caso Ayotzinapa demanda la liberación de documentos de inteligencia militar, 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala que son vitales para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo a Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, este material incluye grabaciones que la DEA interceptó a miembros de Guerreros Unidos como parte de una investigación por una red de tráfico de heroína con terminal en los suburbios de Chicago.
Aguirre, un activista que fue espiado con el software Pegasus por el Centro Militar de Inteligencia, sostiene que las escuchas confirman la complicidad del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas.
Los documentos fueron entregados al gobierno de México a mediados de 2022, pero la administración de López Obrador, sólo ha liberado el 4 por ciento de los folios. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presionó al presidente López Obrador y a la Fiscalía General de la República para desmantelar el caso Ayotzinapa, según documentos filtrados por Guacamaya Leaks que fueron publicados por el medio Proceso en octubre de 2022.
Un año más tarde, en septiembre de 2023, The New York Times, publicó un artículo firmado por Natalie Kitroeff y por Ronen Bergman sobre el contenido parcial de las grabaciones de la DEA.
Los archivos no sólo comprobaron la tesis de que el Ejército participó en la desaparición de los normalistas, sino que también reveló que “militares que monitoreaban de cerca el secuestro, pero nunca acudieron a socorrer a los estudiantes, también habían presuntamente recibido sobornos del cártel” Guerreros Unidos.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, ha quitado del camino prácticamente todos los obstáculos que incomodan a las Fuerzas Armadas en relación al caso Ayotzinapa: se desterró al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció por un sabotaje operado desde la Fiscalía General de la República.
Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación que presidió la Comisión de Verdad y Justicia del caso fue removido de su puesto. ¿Qué tienen en común estas tres instancias? Todas señalan, en diferentes grados, la presencia del Ejército en la Noche de Iguala.
En un artículo de opinión publicado el 12 de marzo en el periódico El Universal, Encinas hizo un llamado al gobierno a cumplir la demanda de los padres de los 43 normalistas de liberar los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional insiste en que estos archivos no existen. Para Encinas, el derribo de la puerta de Palacio Nacional marcó un antes y un después en la relación entre los padres de los 43 normalistas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El ex subsecretario de Gobernación deslizó la teoría del sabotaje, una mano oculta que está manipulando a los familiares de las víctimas de la Noche de Iguala para confrontarlos con el presidente y evitar, a toda costa, que reanuden el diálogo directo.
La discusión sobre el caso Ayotzinapa, es en el fondo, una discusión sobre las consecuencias de la militarización de la seguridad pública. El informe de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del caso contiene comunicaciones interceptadas a miembros de Guerreros Unidos con oficiales del Ejército.
De acuerdo a estos mensajes reconocidos por el ex subsecretario Encinas, algunos de los normalistas desaparecidos fueron llevados al 27 Batallón de Infantería de Iguala por órdenes del ahora general en retiro José Rodríguez Pérez.
El asesinato de Yanqui R. Gómez, la desaparición temporal de dos agentes de la FGR y el encubrimiento ilegal del gobierno de Evelyn Salgado, han enrarecido el ambiente.
En Palacio Nacional, interpretan estos eventos como un intento de desestabilización y quizás un ataque directo al inquilino de palacio nacional. Sin embargo, el efecto real ha sido el distanciamiento de la 4T con el movimiento Ayotzinapa.
Nada de esto exime al presidente de una disyuntiva que tendrá que tomar al final de su gobierno: resarcir la relación con los familiares de los 43 y liberar los 866 expedientillos de inteligencia o seguir protegiendo a la cúpula militar y enfrentar una inevitable insurrección de la causa Ayotzinapa, en plena campaña electoral 2024.
