El gobernador Samuel García, movilizó el viernes a la policía estatal, no para enfrentar la creciente delincuencia de Nuevo León, sino para recuperar un camión de la empresa privada propiedad de su compadre, amigo y colaborador, Miguel Mike Flores.
El camión fue detenido por una falta de tránsito en el municipio panista de san Nicolás, por lo que el ejecutivo estatal ubicó esa agresión dentro de la guerra civil que libra contra todo lo que huela al PRI y al PAN en su entidad.
Mandaron a la tropa de Fuerza Civil al rescate, esto desencadenó una ofensiva que confrontó a las policías estatales y municipales, en un hecho que desembocó en una frustrada intentona para que la policía estatal de Nuevo León asumiera las funciones de la policía del municipio de San Nicolás.
Como consecuencia, los alcaldes de Apodaca, Guadalupe, Juárez y Pesquería se vieron obligados a enviar refuerzos de sus mismas policías municipales para frustrar lo que interpretaban como un intento golpista del Estado contra la policía municipal de San Nicolás.
Al final del día, fuerza civil acabó al servicio privado de la empresa del júnior de la política el jefe de la oficina del Gobernador, y la ley les vale.
En el transcurso de la semana, Samuel García venía dando cátedra de derecho electoral, al ningunear al Congreso del Estado, en lo que sería el necesario permiso que los legisladores nuevoleonenses le tendrían que otorgar si el gobernador se decide a salir a buscar la Presidencia por M.C
Presumiendo sus estudios en derecho, Samuel García dijo que ya le había hallado la cuadratura legaloide a una posible negativa del Legislativo. El permiso se lo daría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde despachan los amigos magistrados que en 2021 fueron a cenar con él a Monterrey para salvarlo de la cárcel, cuando se le descubrieron los 17 millones de pesos desviados de sus empresas y las de su papá, para financiar su campaña a gobernador.
La ley… les vale, es al mismo Congreso local al que el gobernador del estado le tiene vetadas todas las nuevas legislaciones aprobadas desde hace más de un año, las que simplemente no envía para su publicación en el Periódico Oficial y que, por lo tanto, a pesar de su aprobación por la mayoría legislativa, no pueden entrar en vigor.
Samuel García, tiene secuestrado al Poder Legislativo de Nuevo León. Nada distinto a lo que sucede con los alcaldes priistas y panistas, los que no son de M.C, y que tienen un año esperando que se les entregue el prometido fondo para obras por dos mil 500 millones de pesos.
Por ahora, la receta de los munícipes para lograr fondos del gobierno M.C. es simple: traicionen a su partido y véndanse al Partido Naranja, solo así les darán apoyo.
Los expedientes que le tienen a Samuel García, en Palacio Nacional son comprometedores, que sólo tiene un camino, coopera o cuello.
