Mucho se ha dicho en estos días acerca del plan B, que sería enviado por parte del inquilino de palacio nacional Andrés Manuel López Obrador, que la haría llegar a la cámara de diputados federales para su aprobación y posteriormente ser enviada a la cámara de senadores, esa era la idea que se tenía en palacio nacional para sacar adelante las modificaciones al INE.
El plan B, para nada es un ajuste en la forma y operación del INE, es una transformación de proporciones mayores que contiene muchas inconsistencias legales que la hace vulnerable ante los diputados opositores que están en contra de la corriente Morenista.
Para la mayoría de los involucrados en este asunto lo califican como un desastre, incluido los que la promovieron; el mismo senador Ricardo Monreal, expresó su preocupación por el contenido ya que tiene algunas inconsistencias legales y que van contra la ley.
Las inconstitucionalidades de las modificaciones saltan a la vista, son diversas porque se violentó el proceso legislativo, en cuanto a los tiempos y las formas nadie de los involucrados tuvo el tiempo de leer la iniciativa y esto la llevo al caos y la inseguridad jurídica.
En el conocido plan B, no hay datos que indiquen que estábamos en una situación de alto riesgo o de falta de legitimidad democrática, lo que se entiende por vulnerar el estado democrático, en pocas palabras el plan B, resulta muy vengativo.
Fue el escudero del presidente AMLO, el propio secretario de gobernación Adán Augusto López, el encargado de llevar y presentar ante los diputados federales el documento, que entrego al propio Santiago Creel, que consistía en las 300 cuartillas que podrían ser las menos leídas; por lo que algunos los legisladores la calificaron con “falsedades, disparates e inconsistencias legales y de redacción”.
Solo como un antecedente de recordatorio para todos y todas es la elección del 2018, se apegó a los principios democráticos la contienda en la que gano la elección AMLO, y que organizo el INE.
Y fue el mismo AMLO, el candidato ganador quien cuando recibió su constancia, por parte del INE, el mismo que reconoció el trabajo del árbitro electoral en la contienda del 2018, en la que obtuvo 30 millones 110 mil 327 ciudadanos que votaron por la propuesta que hoy gobierna, pero también existen 24 millones 856 mil 990 ciudadanos que lo hicieron por otras candidaturas.
Lo que se puede leer de su propuesta es, que se tiene la idea o la intención de hacerla a modo solo para beneficiar a los aliados de Morena, llámese partidos políticos pequeños (PVEM, PT, PES,) con miras a la próxima elección presidencial del año 2024, y evitar que desaparezcan del escenario político posterior a la elección.
Hoy 12 de diciembre, al filo del mediodía en la cámara de senadores, sin discusión y en 35 minutos, la comisión de gobernación del senado aprobó el plan B de la reforma electoral. Con 10 votos a favor, ocho de Morena, uno del PVEM, uno del PES, la comisión de gobernación del senado avalo por unanimidad las reformas a las seis leyes que involucran la reforma a las leyes secundarias en materia electoral.
Llama la atención la unanimidad de los Morenistas, en la aprobación del dictamen ya que para eso fueron incluidas las 70 correcciones, que introdujo el senador y coordinador de Morena en la cámara alta Ricardo Monreal.
Los senadores opositores a Morena y a sus aliados no asistieron a la sesión, que fue cita de último momento, argumentando que era ilegalmente la convocatoria.
