Con la actitud que ha adoptado el General Luis Crescencio, en cualquier régimen de gobierno democrático, representativo y popular, el General Secretario de la Defensa de México ya habría sido relevado de sus funciones.
El presidente o el primer ministro ya lo habrían renunciado. La negativa de Luis Cresencio Sandoval, para presentarse para rendirle cuentas al Poder Legislativo, que nos representa a todos los mexicanos, enciende las alarmas para cualquier democracia.
Una y otra vez, el jefe de los hombres de verde olivo se rehúsa a comparecer para someter a los mandos castrenses al escrutinio ante diputados federales, aún bajo las condiciones que el mismo general ya les había impuesto de que solo aceptaría que se hiciera en la Sedena.
Solo para recordarle al soberbio Secretario de la Defensa, vivimos en una República en la que existen tres poderes independientes, presumiblemente autónomos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Está claro que la posición de Luis Cresencio Sandoval depende del Poder Ejecutivo.
Y su Jefe Máximo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como también no hay duda que el General Secretario es el ministro que más poder detenta -y continúa acumulando-en el gobierno de Morena.
Al paso que va solo faltaría que le entreguen las llaves de Palacio Nacional.
También está claro que, dentro del Poder Judicial, el General Secretario tiene sus prerrogativas.
Y el que lo dudé le pregunté al Fiscal Alejandro Gertz Manero, los criterios para suspender las órdenes de aprehensión contra 24 militares que presumiblemente habrían estado involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Es fecha que nadie explica el por qué gozan de esos privilegios que les otorgan una absoluta impunidad.
El único balance que puede frenar el que México sea en un régimen militar de facto es el limitado equilibrio que a los hombres de verde olivo se les puede imponer desde las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Pero eso no lo cree el Gral Luis Cresencio Sandoval, a pesar de que la agenda lo exige, desprecia la representatividad que millones de mexicanos les otorgaron con su voto a los legisladores que demandan explicaciones y que piden cuentas claras.
¿Cómo fue posible que toda la información contenida en los archivos de la inteligencia digital de la Secretaría de la Defensa fuera hackeada, sin que nadie salga a dar una explicación decente de tan descomunal descuido, y peor aún, que nadie pague hasta ahora los platos rotos de que esa información esté hoy disponible para cualquier ciudadano? ¿Cómo es que a través de los “Guacamaya Leaks”, que extrajeron millones de documentos militares, nos enteramos que el sistema Pegasus todavía es utilizado para espiar a presumibles adversarios del gobierno de Morena.
¿No había negado el presidente, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía y la Secretaría de la Defensa, que eso ya no sucedía en este gobierno? Pues ahora sabemos que sí.
¿Bajo qué mecanismos de presión o de influencia se logró que se suspende la ejecución de una veintena de órdenes de aprehensión contra militares, señalados por la comisión investigadora del Caso Ayotzinapa que preside el subsecretario Alejandro Encinas? ¿Quién será el auditor que pase a exigir las cuentas de todas las obras civiles entregadas al Ejército sin licitación, por asignación directa, la mayoría en la mayor opacidad y operando acuerdos privados con sus constructores desde la Torre Mayor de la Ciudad de México? Pero, sobre todo, ¿cómo responder a la militarización de una Guardia Nacional que en sus primeros cuatro años viene operando de la mano del Ejército, bajo su batuta y tutela, arrojando cifras de homicidios dolosos 130 mil que rompen los récords de cualquier otro sexenio? Cuando antes de iniciar el gobierno de la llamada 4T, se entregó una lista de 17 posibles candidatos a ocupar la Secretaría de la Defensa, el del general Luis Cresencio Sandoval era el número 16, pocos lo daban por bueno.
Pero el entonces presidente electo le otorgó su confianza que, a la postre, ya se ve, acabó convertida en incondicionalidad e incluso casi en complicidad.
Por eso nadie puede llamar a cuentas al Secretario. Porque si su Jefe Máximo no tiene el menor respeto por las instituciones, ni por la división de poderes, ¿por qué tendría que tenerlo él? Si quieren imaginar lo que viene rumbo al 2024, vean a Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro en peligro de perder su reelección frente a Lula da Silva está invocando desde ayer al Ejército para que denuncie que en la primera vuelta existió fraude electoral con el sistema de votación y cómputo digital.
No será acaso que debe ordenarle el presidente de la república, al General Secretario asista a tan importante encuentro con los Diputados, para que el General vaya a la cámara de Diputados, de no ser así, el Secretario “no los oirá ni los verá”, a los Diputados.
