Intervención del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PARtido del Trabajo, para presentar una iniciativa para auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA.
Joel Padilla peña (JPP): En octubre de 1994, se produjo un derrumbe de las reservas internacionales que provocó una gran crisis económica, afectando gravemente la economía mexicana.
La mala gestión económica internacional y acontecimientos políticos internos detonaron el llamado “error de diciembre”, que en el ámbito financiero nacional provocó la crisis de la banca que generó la multiplicación de la cartera vencida que aumentó del 15% al 44% en 1995; el incremento del servicio de la deuda externa de los bancos, por la devaluación; el aumento de la pérdida cambiaria por suponer erróneamente una reevaluación del peso.
El entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo optó por rescatar a los bancos, en lugar de permitir su quiebra, utilizando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990 con la finalidad de ser un fondo de contingencia económica, el cual pudiera hacer frente ante la posible falta de liquidez de la banca.
A partir de la aprobación en la Cámara de Diputados, con los votos de las bancadas del PRI y del PAN, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 12 de diciembre de 1998, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con el cual se endeudó a la sociedad mexicana por un monto que oscila entre los 65 mil y los 100 mil millones de dólares.
En 1999, el total de la deuda reconocida en los estados financieros del IPAB era de 601 mil 341 millones de pesos; para septiembre de 2017, el total del pasivo llegó a 1 billón 7 mil 764 millones de pesos, monto que representa un aumento del 67% en términos netos.
Ese mismo año la Cámara de diputados contrató al contador experto Michael Mackey, de origen canadiense, para realizar una auditoría al Fondo Bancario para la Protección al Ahorro FOBAPROA. Michael Mackey con el apoyo de cinco despachos contables nacionales elaboró, durante un periodo de 10 meses, un informe de 240 cuartillas con un costo de 20 millones de dólares. Dicho informe fue entregado a la Cámara de Diputados el 23 de julio de 1999.
Sin embargo, dicha auditoria no brindo información relevante, o respuesta a los reclamos de transparencia, que exigía el pueblo de México; ya que no se realizó en un entorno adecuado, y enfrentó a un gobierno restrictivo que limitó la profundidad de su análisis y el alcance de sus resultados.
No se tuvo acceso a todos los expedientes del FOBAPROA, ya que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo evito la auditoria de diversas entidades y fideicomisos, como lo fueron el Banco Unión, Serfin e Inverlat, mismos que se presume, fueron utilizados para financiar ilegalmente campañas del PRI.
Al día de hoy no existe certeza sobre el origen y legalidad de la deuda que por medio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se hizo pública el 12 de diciembre de 1998, y poco se conoce sobre la administración de los recursos por parte del IPAB.
El Fobaproa y después la deuda que administra el IPAB, han sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana ya que las finanzas públicas continúan sufriendo sus consecuencias.
De acuerdo a la investigación de The Huffing Post, la deuda heredada del Fobaproa equivale a casi una quinta parte del presupuesto de egresos de la federación en 2018.
Casi dos décadas después de que el Congreso de la Unión decidiera convertir el rescate bancario en deuda pública, los efectos siguen resintiéndose en el bolsillo de los mexicanos quienes han pagado más de 2 billones de pesos y la deuda, lejos de disminuir, es 67% mayor.
Por ello, la presente iniciativa tiene dos objetivos:
- El primero es conocer la verdad sobre el FOBAPROA, que ha dejado a cada mexicano con una deuda histórica.
A través de una auditoria que iniciará a más tardar 180 días después de la publicación del decreto de reforma de esta iniciativa.
- El segundo objetivo es especificar la periodicidad del mecanismo de auditoria para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, manteniendo una férrea vigilancia sobre sus actividades.
Adicionando el artículo 89 Bis a esta ley, para que se establezca que los ejercicios de evaluación y auditoria de las actividades del Instituto se realizarán cada dos años.
