Muchas mujeres que se encuentran en procesos judiciales, pese a sus limitados recursos, llegan a gastar entre 9 mil 898 pesos y 4 mil 455 pesos en promedio por la realización de una prueba de ADN

 

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia presentó una iniciativa para reformar el artículo 360 del Código Civil Federal.

 

La legisladora de Morena explicó que el objetivo de la enmienda es que cuando un juez determine la realización de una prueba genética para acreditar una relación de filiación consanguínea del progenitor con el hijo o la hija, el padre deberá asumir los costos que deriven del mismo procedimiento.

 

La congresista por el estado de Puebla expuso que muchas mujeres que se encuentran en procesos judiciales, pese a sus limitados recursos, llegan a gastar entre 9 mil 898 pesos y 4 mil 455 pesos en promedio por la realización de una prueba de ADN con la finalidad de que esta sea ofrecida como una prueba pericial.

 

Bajo esta tesitura, señaló, es que se considera necesario que sean los padres las personas responsables de pagar los gastos relacionados con la prueba Pericial Química de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), ya que son ellos mismos los que desconocen la paternidad de los menores y obligan a las madres a interponer este tipo de recursos judiciales.

 

Vences Valencia demandó que resulta de suma relevancia que las y los menores de edad conozcan su origen biológico para que puedan formar su propia identidad personal, apoyando de esta manera el bienestar emocional y contribuyendo a su dignidad, ya que al no contar con información sobre su origen se pueden presentar condiciones que desarrollen problemas en la psicología o en la personalidad de las infancias y adolescencias.

 

Finalmente, la congresista por el partido guinda estimó necesario que los tribunales tengan peritos especializados en la realización de pruebas genéticas de ADN con la finalidad de probar la filiación o paternidad de niñas y niños que sean parte de algún proceso judicial, ya que hoy en día no cuentan con la infraestructura necesaria, ni el personal en la materia.