El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, celebró que en las Leyes Secundarias del Poder Judicial de la Federación retomen la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para combatir el nepotismo al interior del Poder Judicial.
“El espíritu de esta reforma es prohibir a las y los titulares de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, contratar o designar dentro del personal a su cargo a personas con las que tenga lazos de parentesco o amistad, independientemente de la capacidad profesional o los méritos para el puesto, para terminar con una práctica que empaña la labor de Jueces y Magistrados y no garantiza la interdependencia”, explicó.
El integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que estas Leyes Secundarias permitirán a México contar con un Poder Judicial más eficiente, profesional y transparente en sus nombramientos y el uso de presupuesto.
Además, enfatizó, por primera vez se emitirá una ley para el personal de carrera brinde oportunidad para que profesionistas con vocación, sirvan al pueblo de México.
“Se expiden dos nuevas leyes y se reforman seis más, que refuerzan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional; el fortalecimiento al Instituto Federal de la Defensoría se consolida y amplía sus servicios; el lenguaje de inclusión de género en las mismas marca el sello de ejemplo que se tiene que seguir cuidando; se blinda el principio de independencia que es un valor fundamental en el servicio judicial y además de otorgar una estructura que termina las malas prácticas y su abuso que solo chicanean a la justicia”, detalló.
Lucero Olivas aseguró que estas reformas representan un esfuerzo inédito que marca una nueva transformación a la justicia mexicana y blinda la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, al presentar reservas al proyecto, la senadora Nancy de la Sierra reconoció que las Leyes Secundarias son necesarias para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los quehaceres judiciales.
No obstante, advirtió que en algunos casos se amplía la discrecionalidad otorgada al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte, incrementa la incertidumbre jurídica de quienes se encuentran en manos de la actividad judicial.
“Me refiero al artículo 11, fracción 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se faculta al Alto Tribunal para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal “la averiguación de la conducta de algún magistrado o juez”.
Explicó que pareciera que más bien se trata de un instrumento para vigilar o coaccionar a jueces que emiten fallos en determinado sentido, amenazando su independencia y autonomía para realizar sus funciones.
Además, alertó sobre la facultad que se otorga a la Corte para sancionar con multas de más de 16 mil pesos a quienes cometan supuestas “faltas de respeto” contra el Poder Judicial.
“Por supuesto que no promuevo que se le falte al respeto a nuestros jueces, pero, ¿qué es una falta de respeto? ¿Hay una respuesta consensada a esta pregunta? ¿Qué conductas constituyen una falta de respeto? ¿Qué acciones debemos procurar o evitar para no incurrir en tal falta?”, cuestionó.
Finalmente, Nancy de la Sierra llamó a los legisladores a asegurar certidumbre jurídica a la ciudadanía y generar confianza para resolver sus conflictos a través del Poder Judicial.
