La senadora, Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que incluya en la lista de los Programas Prioritarios a las Casas de Salud para la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) por la importancia que tienen en las comunidades.

 

Estas casas promueven una mejora en las relaciones entre hombres, mujeres y sus autoridades comunitarias y tradicionales, además de que son un elemento indispensable en el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a partir de la expansión y garantía de los derechos de las mujeres, señaló la legisladora.

 

Resaltó, entre otras aportaciones, la coordinación que han sostenido con las instituciones de salud, de educación y de gobierno a nivel municipal y estatal, para trabajar por la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la promoción de la salud y el fortalecimiento de la organización social y productiva, entre otras.

 

Los antecedentes de estas casas datan de 2008, cuando nacen como Casas de Salud para Mujeres Indígenas (CAMI), dedicadas a atender y proporcionar auxilio a quienes vivían situaciones de violencia; y con la reciente reforma constitucional que reconoció los derechos de la población afromexicana, estos espacios cambiaron su denominación a CAMIA, explicó.

 

La legisladora del PAN señaló que actualmente existen 35 CAMIA, 34 destinadas a mujeres indígenas y una a las afromexicanas, que han beneficiado a más de 18 mil personas, con recursos derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

 

Dijo que ese presupuesto se ejerce como apoyos económicos para las operadoras del programa, en apoyo de asesorías, capacitación, mantenimiento y gastos de operación en las comunidades de influencia, así como para sufragar atención médica, parteras, y médicos tradicionales.

 

Las CAMIA, apuntó Gálvez Ruiz,  han visto reducido su presupuesto de manera considerable; en el PEF, dentro del Programa de Derechos Indígenas se les asignó, 85.5 millones de pesos, claramente insuficiente para un programa de tal envergadura.

 

Hizo ver que esa cantidad fue reducida aún más, debido a las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal para enfrentar la pandemia por Covid-19, al no ser incluidas en la lista de 38 Programas Prioritarios a los que no se les pospondrán las acciones y el gasto del gobierno.

 

Bajo esas circunstancias la perspectiva para las CAMIA en 2020 es de incertidumbre, situación que no solo afecta la implementación de esta política pública, sino que también pone en riesgo y aumenta la situación de vulnerabilidad de los sectores femeninos que atiende, advirtió.

 

La violencia contra las mujeres, puntualizó, se ha incrementado durante la jornada de Sana Distancia y la integridad, así como la vida, de miles de mujeres puede verse vulnerada, y no contarían con estas casa para apoyarlas; ante eso es necesario que estas poblaciones no dejen de contar con la mayor cantidad de instrumentos para cuidar su salud frente a la pandemia, y también frente a las demás enfermedades que las aquejan, a ellas, y a sus familias.

 

El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso.