En juicio político, Rosario Robles Berlanga fue encontrada responsable de formar y operar “una red de corrupción” desde las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando era titular de las dependencias.
La resolución se dio este jueves en la Cámara de Diputados sin la presencia de la acusada, pues se negó a ser trasladada del penal de Santa Martha a San Lázaro para defenderse. En su lugar, envió a su abogado Javier Sánchez Rojas.
En la acusación, la Sección Instructora de la Cámara determinó que en dichas dependencias se armó un esquema de contratación fraudulenta al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que consistió en contratar universidades públicas e institutos de radio y televisión estatales, conocida como la estafa maestra.
“Mediante este mecanismo se provocó un daño patrimonial al Estado mexicano por más de 5 mil millones de pesos”, sostuvo en tribuna la diputada Tatiana Clouthier, quien fue una de las dos partes que pidió formalmente el juicio político contra Robles.
La legisladora de Morena adelantó que interpondrá denuncias contra las 12 universidades implicadas, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Morelos, la Universidad Politécnica de Chiapas, entre otras.
“No podemos dejar esto como que no pasó nada”, dijo.
La acusación de la Cámara, que ahora pasa al Senado de la República, fue aprobada con la unanimidad de 271 votos a favor, con la mayoría de Morena y aliados, y las ausencias de las bancadas del PRI, PAN y PRD, que no se presentaron como medida preventiva contra el COVID-19.
El último juicio político en México tenía antecedente hace 94 años contra José Guadalupe Zuno, quien fue destituido como gobernador Jalisco. Para el de Robles, la Sección Instructora propuso fijar inhabilitarla del servicio público por 20 años, pero el Senado, en calidad de Jurado de Sentencia, será quien determine si procede o no.
“Este juicio político, en todo momento, ha sido un atropello a los derechos humanos que como persona y como mujer le corresponden a María del Rosario Robles Berlanga. Se ha visto una saña inaudita contra su persona”, dijo el abogado Sánchez Rojas desde la tribuna.
Argumentó que parte “del atropello” contra Robles Berlanga fue que la Cámara notificó apenas el miércoles a las 18:30 horas a su clienta del juicio, “con la evidente finalidad de que le fuera imposible preparar una adecuada defensa para esta sesión”.
El diputado Pablo Gómez, presidente de la Comisión Instructora, argumentó que actuaron sin afán de venganza, “sin interés de la persona ni el gobierno al que perteneció”, sino por justicia.
Los diputados de las bancadas del PRI estuvieron ausentes, pero sólo enviaron a la diputada Anilú Ingram Vaillines para emitir postura, quien aseguró que se violó el debido proceso y la presunción de inocencia de Robles Berlanga durante el juicio.
En nombre de los diputados de MC, Juan Carlos Villareal, aplaudió que se estuviera actuando contra la corrupción del sexenio pasado, pero cuestionó el por qué no actuaron contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgara, exsecretario de Hacienda. Refirió que el gobierno de López Obrador hizo “pacto de impunidad” con el anterior gobierno.
