La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que hubo violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos por los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, donde un enfrentamiento entre militares y presuntos huachicoleros dejó 10 muertos y 26 heridos.
Tras su investigación, el organismo nacional concluyó que fue violada la libertad personal y la presunción de inocencia por estos hechos, además de violaciones graves a la vida, la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.
Lo anterior fue detectado por la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 detenidos, entre ellos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos personas, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas.
Estas faltas fueron atribuidas a personal de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), por lo que se emitió la recomendación 12VG/2018.
Otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, fueron atribuidos a Pemex, la PGR, a la Fiscalía General del Estado (FGE), la SSP y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Puebla.
La CNDH recomendó a estas dependencias lo siguiente:
- Al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
- A la PGR se le requiere continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.
- A Pemex se le pide colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.
- Al gobernador de Puebla se le solicita implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por 8 personas.
- Al Fiscal General de Justicia del Estado se le demanda continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.
- Y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se le recomienda colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.
