Virgilio Andrade Martínez, ex Secretario de la Función Pública y amigo del ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, exoneró al ex Presidente Enrique Peña Nieto de presunto conflicto de interés entorno a la “casa blanca”. Víctor Manuel Andrade Martínez, su hermano, despacha desde 2009 en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de dar seguimiento a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las irregularidades detectadas.
Desde el 11 de diciembre de 2012 hasta el 20 de febrero de 2020, el órgano fiscalizador ha presentado 825 denuncias penales derivadas de auditorías desde la Cuenta Pública 2011 a la de 2018, periodo que abarca el último tramo del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la administración pasada. Son principalmente contra la Secretaría de Agricultura (entonces Sagarpa), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras Secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, de las cuales solo cinco han terminado en alguna sanción, de acuerdo con la ASF.
“[Víctor Andrade] tiene un uso indebido del ejercicio de sus funciones públicas, por la falta de cuidado en la atención a las denuncias que se hicieron y que se negaba a presentar aún cuando se le habían dado las evidencias del desvío o el peculado, por no darle el seguimiento adecuado ante las instancias pidiendo que se impulsara la acción procesal. Argumentaba que había que dar tiempo para que se solventaran cuando eran insolventables. El no hacer nada también es corrupción”, dijo la ex directora de las Auditorías Forenses, Muna Dora Buchahin Abulhosn, despedida en mayo de 2018 mientras se auditaban irregularidades por 7 mil 700 millones de pesos que involucraban a funcionarios de Sedesol, Sedatu y las universidades estatales públicas.
“Él mismo mandó dictámenes donde no eran procedentes auditorías que yo había dejado programadas sobre la Estafa Maestra, donde estaban confirmados los desvíos de recursos. También estuvo en muchos casos negando y obstaculizando que se citara a la titular de la Secretaría [Rosario Robles], y de repente salieron los informes de auditoría sin los nombres. Él permitió eso siendo abogado y representante de una Unidad Jurídica de una institución que se suponía autónoma, ética y cuidadosa de su actuación técnica”, expuso. “Encubrió a todos los que podía”.
Si las entidades públicas no reintegran los recursos públicos observados o no aportan la documentación comprobatoria, la Auditoría está dotada de suponer que ha habido un daño al erario público federal, promover la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos y de presentar denuncias penales de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.