Si en el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) se encuentran faltas a la Ley, el Gobierno de Puebla denunciará los probables desfalcos cometidos por exfuncionarios.
Así lo manifestó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien no descartó que en un futuro salgan más irregularidades de la dependencia
Esto tras la remoción de María Teresa Castro Corro y la llegada de la nueva titular Josefina Morales Guerrero, a quien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le notificó una deuda fiscal por 720 millones de pesos por “timbrar” mal el pago del impuesto de la nómina, según lo dicho por el mandatario.
“Es un tema de timbrado, de algo que tengo entendido no se hizo en su momento y que dejó de generar ese tipo de acciones y condiciones (…) Más que lo hayamos detectado son temas que nos van notificando por parte de la autoridades competentes y lógicamente en la entrega-recepción se irá viendo lo que vaya saliendo”, declaró.
En ese sentido, dijo que el Congreso de Puebla está en su derecho de llamar a comparecer “a quien tenga que llamar”, esto luego de que diputados locales planean solicitar la presencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava para que aclare su omisión ante las anomalías financieras durante la gestión del exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta.
Y es que, el pasado 27 de julio, Céspedes Peregrina reveló que el Gobierno de Puebla pagará un segundo crédito fiscal por 722.3 millones de pesos debido a que se entregaron recursos por concepto de “despensa” a diversos trabajadores estatales, incluidos los del magisterio, sin justificar el gasto de forma apropiada.
Mientras que el 11 de abril, se destapó un quebranto de 600 millones de pesos por una mala inversión en Accendo Banco, la cual quebró meses después de que la administración estatal hiciera el depósito por dicha cantidad.
A ello se suma el pago de la multa por 2 mil 600 millones de pesos al SAT, luego de que la administración de Rafael Moreno Valle solicitó de forma irregular una devolución de impuestos, lo cual fue considerado como un acto doloso, por lo que impuso al Estado un crédito fiscal.
Por Redacción
Editora: Brenda Balderas
