(Ricardo Juárez) A partir del próximo proceso electoral todo aquel condenado por violencia de género, violencia física y como deudor alimentario no podrá aspirar a algún cargo público, ya que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley 3 de 3, además sumó un nuevo dictamen para la legalización del aborto que será analizada.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Angélica Cervantes, Yolanda Gámez, Daniela Mier y Nora Merino, quienes aseguraron que con prohibir la participación de los violentadores les garantizarán a las mujeres su seguridad para seguir combatiendo contra aquellos que las golpean, maltratan y hasta dañan sexualmente.
“Es la homologación, pero también se toma en cuenta las propuestas que algunas otras diputadas presentaron, en este caso, insisto la presente desde el pasado 15 de marzo y era igual una reforma la constitución en su artículo 22 para poder negarle el acceso a una candidatura opuesto de elección popular a cualquier persona que sea deudora alimentaria”, explicó Nora Merino.
Por ello, los 38 diputados presentes avalaron reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para modificar las fracciones VI y VII y adicionar la fracción VIII, todas ellas del artículo 22 con el fin de impedirle ser parte de la vida pública a todo aquel que apliqué violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y a quien sea castigada como persona deudora alimentaria morosa.
Por otro lado, durante la sesión ordinaria de este jueves 29 de junio, la petista Mónica Silva Ruíz presentó iniciativas en materia del aborto para reformar la Ley de Salud de Puebla, así como el Código Penal del estado; por un lado, para dotar a las mujeres de servicios médicos para realizar un aborto, así como para dejar de criminalizarlas a quienes realicen la interrupción de su embarazo.
En su intervención, Silva Ruíz reiteró que lo que se busca es que se les permita a las mujeres interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas de gestación, esto después de los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Hoy estamos aquí, exigiendo un derecho más que nos corresponde, luchando como ha sido cada lucha, contra normas históricas, sociales, dogmáticas y culturales, porque los derechos son nuestros, y lucharemos hasta que sea una realidad en nuestra ley”, comentó.
