Buscar a una persona desaparecida rebasa todas las articulaciones lingüísticas: es una experiencia que no puede ser descrita sino por lo que ocurre a su alrededor. La movilización de los seres queridos, especialmente de mujeres, representa un caminar a la deriva, sin una ruta clara y con el zumbido del dolor incrustado entre las sienes.
El aterrizaje en los ministerios públicos supone el primer gran azote de la realidad, donde las familias son recibidas con una hoja de derechos que deben firmar, aun cuando no entienden el siempre inaccesible argot jurídico. “Esa es la primera falta de las instituciones a los procesos de búsqueda”, expuso María Luisa Núñez Barojas durante un encuentro semipresencial en la IBERO Puebla con activistas y aliados en la materia.
En el estado, los buscadores cuentan con escoltas provenientes de los diferentes organismos de seguridad del país, pero no se enfocan en las familias, sino en las cabezas de despachos públicos. Los grupos de búsqueda se cuidan entre sí ante la indiferencia de las autoridades, quienes, en lugar de colocar a las familias en el centro, las convierten en meros satélites del sistema.
La representante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla enfatizó que los que ostentan el poder deben renunciar al egocentrismo y la frivolidad en su servicio a la nación. “En el momento en el que un funcionario del Estado cambie su discurso (…) por ‘a partir de ahora, adopto su lucha’, entonces podremos hablar de un mejor cuidado a los derechos”.
El plantón que cerró filas tras 43 días de campamento afuera del Congreso logró ligeros avances: la aprobación de la ley de desapariciones propuesta por el Ejecutivo estatal y la simpatía algunos funcionarios. Pero para María Luisa Núñez no es suficiente: la lucha debe ser absorbida por todos los actores de la sociedad. Redondeó: “solo entonces, podremos aspirar al verdadero respeto y cuidado a los familiares”.
FAMILIAS UNIDAS
La Brigada Nacional de Búsqueda (BNB), que emana de la Red de Enlaces Nacionales (REN), es un modelo de acción masiva que busca generar acciones de prevención, vinculación interinstitucional e intervención para dar respuestas humanitarias a la crisis de desaparición de personas en México. A través de expresiones artísticas, buscan sensibilizar a la sociedad e ilustrar la forma en que los colectivos resignifican la realidad e inciden en ella.
Las familias enfrentan una carrera de resistencia. Su caminar es consecuencia de intereses económicos y políticos que terminaron por vulnerar a personas que estuvieron en el lugar y el momento erróneos. Juan Carlos Trujillo Herrera, miembro de REN, reflexionó sobre las omisiones institucionales desde el periodo de la guerra sucia que calan en la actualidad, y cómo ello ha contribuido al desarrollo de acciones de cuidado.
De manera general, el panorama es poco alentador para quienes buscan a un ser querido. Sin embargo, los logros obtenidos en la materia pertenecen exclusivamente activismo persistente y bien articulado. Trujillo Herrera señaló que el proceso de creación de colectivos supone una acción pedagógica permanente en la que se instruye a quienes se van sumando a los movimientos.
La BNB tiene como objetivo buscar a todas las personas, tanto a quienes no han sido localizadas como a aquellas que se han extraviado a sí mismas. Con el afán de preservar el tejido social al interior de los colectivos, exhortó a todas las familias a reconocerse como una comunidad constructora de paz que “salido a buscar en medio de un conflicto armado”.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Se dice que las familias de las personas desaparecidas son la reserva moral del país. Jorge Verástegui González rechaza esta concepción, pues considera que ha sido la necesidad amorosa la que ha orillado a levantar la voz ante la ausencia estatal. “No estamos haciendo algo extraordinario: es algo que cualquier persona [en esta situación] debería hacer”.
En 2009, cuando la búsqueda de personas no era un tema relevante en la agenda pública, se construyó el discurso de que las desapariciones forzadas eran un mito del pasado. Colectivos como Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, del que Verástegui González forma parte, demostraron que no solo es una realidad, sino que el Estado opera como cómplice en muchos de estos agravios.
Con ello, los buscadores se enfrentan al dilema de la inoperancia de la primera línea de ayuda: la institucional. En su lugar, las familias y los colectivos han sumado capacidades jurídicas, psicosociales, políticas y forenses como armas de disputa frente a la ausencia de humanismo institucional y académico.
A decir del activista, la mejor manera de apoyar es acercarse a las personas en búsqueda y preguntarles cómo pueden sumar habilidades y conocimientos a la causa. Recordó que el apoyo y el acompañamiento genuinos parten de conocer las necesidades reales de los destinatarios para aportar a un bien mayor. “El Estado no necesita ser reformado, sino voluntad política”.
