La institucionalización para atender violaciones graves de Derechos Humanos ha sido implementada a partir de los principales casos y no de manera preventiva, revela el Informe “Retos para la transformación: trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a DDHH en México” elaborado por Elementa, Consultoría de Derechos.
En la presentación organizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Mtra. Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina México de Elementa, explicó que los casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos e hitos contextuales han sido los detonantes de la creación o modificación de la institucionalización de la política pública en esta materia en nuestro país.
El Informe, detalló, revela que en México hay un exceso de institucionalidad de la política pública donde se crean instituciones para cada problema. “Eso se ven en los casos. Crear oficinas para Ayotzinapa o Acteal, lo único que hace es complejizar la estructura, las funciones y atribuciones de las instituciones”.
En cuanto a la creación de Sistemas Nacionales, Demichelis Ávila señaló que “dentro de ellos hay un problema, están diseñados para vincular a las dependencias al más alto nivel. Si el Secretario tiene que estar sentado en cada uno, se duplican funciones y se vuelve insostenible, particularmente para la SEGOB”.
Asimismo, el Informe da cuenta de que la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos no ha logrado permear las estructuras de la Administración Pública Federal a diferencia del avance en el Poder Judicial.
Sobre los retos identificados, Demichelis indicó que será fundamental aprovechar, fortalecer y dar más autonomía y presupuesto a las instituciones ya creadas, así como definir los perfiles idóneos para ocupar los altos cargos, y señaló como áreas de oportunidad la creación de instituciones para fomentar la memoria y derecho a la verdad, y la incorporación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la redacción de leyes y reglamentos.
Por su parte, la Mtra. Adriana Muro Polo, directora Ejecutiva de Elementa, explicó que el Informe se centra en el análisis de las dependencias de la Administración Pública Federal, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretara de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de la Marina (SEMAR), así como de organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR), vinculadas con políticas públicas de derechos humanos, principalmente.
En cuanto a la temporalidad, detalló que abarca los últimos cuatro sexenios (1994-2018) y a partir de ahí escogieron casos emblemáticos sobre desaparición forzada: ejecuciones extrajudiciales, incluidos asesinatos contra periodistas y defensores, y prácticas de tortura.
Muro Polo resaltó la importancia que han tenido los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de institucionalización. “Recopilamos todas las recomendaciones [de los organismos internacionales] y fue interesante ver cómo recomendaciones de 1994, seguían vigentes en recomendaciones de años”.
En su intervención, la Mtra. Rosario Arrambide González, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, comentó que el Informe es un aporte no solamente para las instituciones gubernamentales, sino también para la academia, las organizaciones de la sociedad civil y particularmente para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“Más allá de los aportes teóricos, el Informe permite observar las buenas y malas prácticas para que las dependencias puedan retomarlas y fortalecerlas o, en su caso, eliminar aquellas que son obsoletas o no han tenido un beneficio en la protección de derechos humanos”, señaló Arrambide González.
Finalmente, la Dra. Jennie K. Lincoln, directora para América Latina y el Caribe del Centro Carter, advirtió que la responsabilidad de defender los derechos humanos debe ser compartida entre gobierno y sociedad civil, donde ambos deben saber cuáles son sus roles y se deben respetar los mismos. “La academia tiene la responsabilidad de apoyar al gobierno para ver la luz en la defensa de los derechos humanos”.
Lincoln resaltó que el Informe es una herramienta para saber dónde están las instituciones actuales en México y cuáles son los próximos pasos para construir las políticas públicas para defender los Derechos Humanos.
