De los 100 compromisos que asumió Andrés Manuel López Obrador en su primer día de Presidente, el tercero fue: "Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los Cendis promovidos por el partido del Trabajo: ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y de Educación Pública".
Los precedentes: el primero, atención especial a los pueblos indígenas; el segundo, procurar el bien de los mexicanos bajo la premisa "por el bien de todos, primero los pobres". Aunque de la Constitución se infiere que antes que nada (por encima de las etnias o la penuria de cualquier mexicano) están los derechos de la niñez, el que las estancias fuera el tercero de aquellos compromisos refleja la conciencia que López Obrador tenía sobre la protección de los menores de cuatro años.
(Artículo Cuarto: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez (...). Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades (...). Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas (...).
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.) Ufano de cumplir siempre lo que ofrece, a la vuelta de dos meses ha cambiado de opinión y disminuye a la mitad el monto del apoyo que, en adelante, será entregado a las madres y los padres que trabajan para que busquen ahora a dónde y con quién llevar o confiar a sus hijos.
El sustento de la determinación es una mezcla imprecisa de "irregularidades" y "corrupción" en el reparto de algo más de cuatro mil millones de pesos que se reducen a dos mil y afectan el funcionamiento de nueve mil 565 estancias, en las que se atiende a 329 mil 753 mil niñas y niños (cuatro mil con problemas de discapacidad) de mil 294 municipios urbanos y rurales, y la edad de los amparados baja de cuatro a dos años.
La incomprensible y desgarradora medida llega al extremo de que en el propio gabinete presidencial se desconoce el tema: a diferencia de lo que supone AMLO, para la subsecretaria Ariadna Montiel, las estancias no son competencia de Bienestar (antes Sedesol), que únicamente "otorgaba un subsidio", sino de la Secretaría de Salud ("la autoridad local, los municipios y los estados conforme a sus legislaciones y del DIF"), según dijo con López-Dóriga el viernes.
Como el de las estancias infantiles, abundan las mentiras en que se apoya la parte abominable de la 4-T. De lo casi nada que se arguye para escamotear los recursos se habla de que lo "irregular", o quizá robado, es poco más de 1.8 millones de pesos, pretexto ridículo frente a los cuatro mil millones que venía significando el programa. ¿Por algo tan ínfimo López Obrador no cumplirá lo prometido...?
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