En tanto se ventila en las instancias implicadas la controvertida presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra tiene la mejor oportunidad para demostrar genuina voluntad de actuar con independencia y no como activista devota de la cuarta transformación: darle continuidad a la recomendación 29 de 2019 sobre la cancelación del Programa de Estancias Infantiles y a la reacción jurídica de la propia CNDH a la fulminante descalificación que le propinaron las dependencias aludidas y el propio presidente de la República.

Para ello es importante que la señora, sicóloga de profesión, sepa que por encima de los derechos que tienen las personas agraviadas por tortura, desapariciones, asesinatos, maltrato en servicios migratorios, médicos y cualquiera en que tengan responsabilidad empleados y funcionarios de los tres poderes de la Unión, la Constitución mandata en su Artículo Cuarto: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez". La recomendación de referencia fue dirigida a las secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, quienes respondieron con calumnias, argucias ideológicas y sectarismo político, mostrando el desprecio que les merece uno de los más prestigiados y sólidos organismos independientes del Estado mexicano.

Su antecesor, Luis Raúl González Pérez, repuso entonces que la negativa a la recomendación debían sustentarla con apego a la legalidad y el respeto interinstitucional, pero es la fecha en que ninguna de esas instancias ha cumplido con la obligación de argumentar su rechazo. En paralelo, tampoco han acatado las órdenes judiciales que las obligan a restituir los recursos de que fueron privadas las 9 mil 565 estancias infantiles en donde 320 mil niñas y niños de 1 a 4 años (y con discapacidad hasta 6), hijos de padres (y sobre todo madres solteras) de ínfimos ingresos, además de ser protegidos y alimentados, iniciaban su formación educativa previa a la preescolar.

Como explica una pionera en la fundación de estancias infantiles en Ciudad Juárez en El asalto a la razón de esta noche en MILENIO TV, la panista Clara Torres (invitada por Alfonso Romo a ser senadora por Morena pero declinó), el programa fue cancelado porque la subsecretaria federal de Bienestar, Ariadna Montiel, le dijo que las operadoras de esos establecimientos constituían un peligro para el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador…

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Fuente: http://bit.ly/2NXqXo6