Estamos a un mes del inicio del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, porque concurren las elecciones federales intermedias con elecciones locales en las 32 entidades federativas, aun cuando en algunas varíen plazos.

Así que serán comicios titánicos, no solo numéricamente, sino también por la complejidad y los retos que representa organizar elecciones en época de Covid-19; una pandemia que nadie esperaba, pero que quizá algunos políticos aprovechen con fines electorales.

Sería perverso que alguien piense en alargar la pandemia con el propósito de impactar en el ánimo de los electores, ya sea bajo una estrategia protectora de los más desprotegidos inyectando todos los recursos públicos para favorecer a los pobres (aunque nada más se beneficie a quienes se encuentren anotados en padrones de programas sociales).

Igual de perverso sería (o ya es) usar la pandemia para adelantar campañas disfrazadas de gestión social, de asistencia social o de “ayuda” institucional, llevando cuánta cosa a electores de sectores vulnerables; en otros casos, usarla para golpear al adversario político acusándolo de mal manejo de la pandemia.

Un país, entidades federativas, municipios, donde, con sus honrosas excepciones, en su mayoría los actores políticos dejan pasar y dejan hacer; donde, incluso, las medidas anunciadas como obligatorias (como el uso de cubre bocas) se desacatan porque la gente ve que los gobernantes nunca aplican medidas coercitivas o ni usan cubre bocas.

En fin, en la víspera del inicio del proceso electoral federal 2020-2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) ya trabaja a toda máquina en los preparativos con una nueva tarea: Diseñar estrategias para desarrollar el proceso electivo exitosamente en medio de la pandemia, previendo, incluso, previendo la extensión del virus. 

Un INE con nuevos retos, no solo en el ámbito federal, sino también en el local, pues entre sus atribuciones se encuentran algunas relacionadas a las elecciones en las entidades federativas. Por ejemplo, dictar lineamientos en diversas materias, y la integración, ubicación e instalación de las Mesas Directivas de Casilla.

Ese de por sí ya es todo un reto, pero en tiempos de pandemia el reto se torna mayúsculo: Convencer a los ciudadanos seleccionados para realizar la función, la cual, además, debe ser un alto honor de mexicanos y mexicanas, porque en sus manos queda el recibir y contar cada uno de los votos.

Ello amén del planteamiento, y a la vez reto, de darle vigor al voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero en cuando menos diez entidades federativas: Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco.

De hecho, es un reto que tendrá el INE para las elecciones 2020 de Coahuila e Hidalgo, donde se renovarán 25 diputaciones locales y 84 ayuntamientos, respectivamente.

Y si este experimento resulta, tal vez implementarlo en el proceso 2020-2021 ampliándolo al territorio mexicano. Aunque no está regulado en la ley; tendría que instrumentarse a base de lineamientos con el riesgo de invadir la competencia del Poder Legislativo, pero podría tener el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dada una prolongada emergencia sanitaria.

Por lo pronto, para el proceso electoral 2020-2021 el Consejo General del INE ya aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, “la cual contiene el conjunto de lineamientos generales y directrices para cumplir con la integración de Mesas Directivas de Casilla y garantizar el derecho al voto de la totalidad de las y los mexicanos.” 

Se prevé contar con la participación de más de 1,400,000 ciudadanas y ciudadanos que, previo a ser doblemente insaculados, capacitados y designados, fungirán al frente de alrededor de 164 mil casillas, donde podrán votar un estimado de 94.98 millones de electores.

La estrategia incluye medidas para garantizar la salud, tanto de capacitadores y supervisores electorales, quienes se encargan de reclutar y capacitar a las y los funcionarios de casilla; además, entre otras medidas se privilegiará la modalidad virtual de capacitación electoral.

Otro de los retos para las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales ya es y será la vigilancia y sanción correspondiente a funcionarios de los tres órdenes de gobierno que aprovechándose de la pandemia andan en pleno proselitismo tratando de “atrapar” electores; y lo hacen usando recursos públicos.

Y el INE le tendrá que entrar, incluso, ejerciendo sus facultades especiales porque los OPLES (con sus excepciones) se hacen de la vista gorda ante el proselitismo que vienen realizando servidores públicos, representantes populares y presidentes municipales; otra opción es destituir a los consejeros electorales ‘tapaderas’.

Un reto más el cual ya tomó el INE es la homologación de plazos, procedimientos sub-etapas (por decirlo de algún modo), del proceso electoral federal y los locales. Hay que proteger a la población.

Es más, nadie se extrañe si por razones de la pandemia, la autoridad electoral en algún momento determina acortar los tiempos de precampaña y campaña, así como el periodo de recolección del apoyo ciudadano para el caso de las candidaturas independientes.

En fin, aparejado a tales retos, el INE tiene grandes retos como los siguientes:

Sostener la participación ciudadana en las urnas electorales, que se puede caer si se prolonga la pandemia o porque la ciudadanía de plano se decepcione de los partidos políticos que poco o nada han hecho por aliviar la crisis sanitaria y económica.

(Claro, en este reto la tarea también concierne a los partidos políticos y candidatos, pues la autoridad electoral tampoco hace milagros sobre todo cuando las ofertas de campaña no son atractivas y los candidatos están para llorar porque o son los mismos o son peores).

Desarrollar los lineamientos para la reelección de legisladores a nivel federal; la reforma aprobada por la Cámara de Diputados se detuvo en la Cámara de Senadores debido al receso obligatorio por la pandemia.

Cuidar que se cumpla cabalmente con principios fundamentales como la paridad de género, y la representación indígena, etc.

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