La inconformidad por la que renunció el ingeniero Javier Jiménez Espriú a la SCT al parecer va a tener que resolverla la Suprema Corte.
Y es que el 129 de la Constitución señala claramente que las Fuerzas Armadas no pueden ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. O sea, Jiménez Espriú tenía razón en reclamarle a su Jefe que no estaba tomando la decisión correcta al darles a la Marina y al Ejercito el control de puertos y de aduanas.
Y que además prácticamente todo lo que les ha encargado el presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas, y que va desde la construcción y operación del Aeropuerto de San Lucía; la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar; el auxilio en tareas de Seguridad Pública; a la operación de puertos y de aduanas viola la Constitución.
Ese artículo constitucional, indican líderes de partidos, legisladores de la oposición y especialistas en Derecho Constitucional impide que la Armada de México y el Ejército mexicano puedan hacer todo les ha encargado el presidente López Obrador desde que llegó al poder,
Tener el control aduanero del país, la última tarea encargada por AMLO, es sencilla y claramente inconstitucional.
El PAN en el Senado advierte que “no está en las atribuciones de la fuerza naval ni de la militar hacerse cargo de asuntos administrativos”.
El artículo 129 de la Constitución indica que en tiempos de paz: “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión”.
Es así que una vez más la Suprema Corte deberá dictaminar otro proyecto más del tabasqueño.
Por este tipo de recursos, es que López Obrador se ha quejado de que sus proyectos enfrentan un sabotaje legal.
El tema es que, en los 20 meses de su mandato, todos sus proyectos y buena parte de sus decisiones surgidas de su voluntad y buenos o malos deseos, no de estudios fundados en la legalidad, han provocado amparos y la intervención de la Suprema Corte.
Por ahí han pasado la cancelación del Aeropuerto Internacional de la CDMX, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de la refinería de 2 Bocas, la construcción del Tren Maya, la cancelación de las estancias infantiles, la Ley de Salarios que pretende impedir que nadie obtenga un salario mayor que el de él dentro de la administración Pública, su decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia y ahora de darles la operación de Puertos y Aduanas han generado y producirán cientos de amparos que mantienen atorados esos proyectos.
En su momento se emitieron 4 suspensiones judiciales que impidieron avanzar durante meses cualquier obra en Santa Lucía y cualquier acción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México de Texcoco.
En otro fue el de 147 juicios de amparo presentados por el colectivo #NoMásDerroches integrado por ciudadanos y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la Coparmex y México Unido Contra la Delincuencia, organización a la que alucina.
La más reciente controversia constitucional fue promovida nada más y nada menos que por la panista Laura Rojas en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados y en contra del acuerdo de AMLO que busca mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Un recurso similar fue interpuesto por el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles.
Así, en medio de un asedio judicial pasan para López Obrador los meses y meses de su mandato.
Ahora, aunque todavía se ha presentado, seguro que la decisión de darles a las Fuerzas Armadas la operación de Puertos y Aduanas generará nuevosd amparos y la intervención de la Suprema Corte.
Eso era lo que le quería explicar Jiménez Espriú, dice en su carta de renuncia a la SACTE, pero que no logró ser escuchado por AMLO, quien desde hace ya meses lo había relegado al olvido.
VAN 3 SECRETARIOS; 3 SUBSECRETARIOS; 1 DIRECTOR DEL IMSS… Y OTROS MUCHOS
Sus cercanos, quienes han trabajado con él durante años, afirman que Andrés Manuel López Obrador no despide a sus colaboradores. Los aisla y desdeña hasta que ellos renuncian.
Esto último fue lo que le pasó justamente al ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien comprometió su prestigio a los proyectos más absurdos de López Obrador.
Hoy forma parte de las bajas de la 4T que ya suman 3 secretarios, 3 subsecretarios, 1 director del IMSS -cargo que podría ser considerado casi una secretaría- y muchos más de otros niveles.
Junto a Jiménez Espriú están Carlos Uzúa, extitular de Hacienda y Josefa González Blanco, exsecretaria de Medio Ambiente y Ecología quien se fue harta de no tener presupuesto siquiera para papel del baño.
Igual se fueron los subsecretarios Asa Cristina Laurel, quien entre pleitos internos abandonó la secretaría de Salud; Patricia Bugarín dejo a su vez la subsecretaria de Seguridad y Simón Levy ya no quiso seguir en Planeación y Política Turística mientras que Germán Martínez dimitió al IMSS y se regresó al Senado.
Mara Gómez hizo lo mismo ante el Senado para irse de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en tanto que Candelaria Ochoa renunciaba a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En este tiempo Mónica Maccise dejó la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred Tonatiuh Guillen hizo lo propio al frente del Instituto Nacional de Migración al igual que Clara Torres en el Programa de Estancias Infantiles.
Otras muchas bajas se han dado en otros órganos del Estado. La sangría no ha sido menor.
¿LOZOYA, TESTIGO O COLABORADOR?
Desde que fue repatriado a México, la calidad jurídica de Emilio Lozoya ha creado cierta confusión ya que la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero no ha establecido claramente cual es el estatus del exdirector de Pemex.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no es abogado y que habla de oídas, se ha referido a él como testigo y como colaborador, creando mayor confusión.
El que sí sabe, porque cuenta con un doctorado en Derecho, es el senador Ricardo Monreal quien aclaró que Emilio Lozoya “es un testigo colaborador”, que, de acuerdo con la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, “accede voluntariamente a ofrecer información eficaz con su testimonio, o aportando medios de prueba para investigar, sentenciar o procesar a otros sujetos… obviamente, su información debe ser fidedigna y ayudar a la investigación y persecución de los delitos”.
En este contexto legal, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Lozoya no obtendrá impunidad sino ciertas garantías de acuerdo a la calidad de información que aporte.
“La aplicación de los criterios de oportunidad extingue la acción penal o se puede reducir la probable pena por delito infringido”, admitió.
Por lo pronto, afirmó el zacatecano, quien sí le entiende al Derecho, Lozoya enfrenta los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, tres delitos establecidos en la Constitución.
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