Sería buena cosa que el proyecto de Ricardo Monreal para modificar la composición y las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sirviera como revulsivo para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, boicoteado desde su concepción por el gobierno anterior e incomprendido por la clase política actual. Y sería aún mejor que, además, ese revulsivo ayudara a revisar a fondo el funcionamiento de las instituciones que lo componen.

 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació con fórceps en el sexenio anterior, tras los escándalos provocados por la Casa Blanca y Ayotzinapa.

 

Pero una vez que se ganó la oportunidad de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, de crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, de reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas más graves, de promulgar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que modificó de tajo el régimen disciplinario de México, de tipificar con mucha mayor precisión los delitos de corrupción en el Código Penal, de regular el intercambio de información entre instituciones que no se hablaban y de establecer la participación directa de los ciudadanos en la vigilancia y la operación de los órganos que integran ese sistema —todo en un solo trazo que no se compara con ninguna otra reforma concebida antes en esa delicada materia—, la clase política se dispuso a cerrar las puertas de la implementación.

 

Aceptaron las leyes, pero no su cumplimiento.

 

Si había de funcionar un entramado sofisticado para cerrarle el paso a la corrupción, tendría que ser hasta el sexenio siguiente titulares de las dependencias que se crearon y procrastinando la asignación de los presupuestos y de los medios indispensables para su operación cotidiana. No fue sino hasta hace muy poco que fue posible nombrar a la primera Fiscal Anticorrupción del Sistema — nombramiento que afortunadamente recayó en María de la Luz Mijangos, una abogada honesta, experta y de fusta—, mientras seguimos esperando la designación de los magistrados de las salas especializadas en materia de corrupción, en el renovado Tribunal de Justicia Administrativa. Tarea esta que, para mayor agravio, está hoy en la cancha del Senado de la República, cuya mayoría ha considerado poco relevante darse a la tarea de concluir esos nombramientos, indispensables para hacer funcionar el sistema de manera completa.

 

Como el niño que pone el coco y luego le tiene miedo —diría nuestra mayor poetisa—, los senadores se duelen de que el SNA no funciona, mientras lo traban deliberadamente.

 

A los anteriores no les gustaba y los actuales no acaban de digerirlo. Pero lo cierto es que los instrumentos destinados a detectar y corregir los procesos en los que se gestan los actos de corrupción, a producir información pertinente para evitarla oportunamente, a incorporar una amplia y decidida participación ciudadana y a sancionar con éxito las faltas y los delitos de corrupción cuando sucedan, están diseñados y disponibles para quien quiera verlos y usarlos. No es necesario volver a inventarlos. Lo que hace falta es tener las agallas para dejar de poner pretextos y darles vida inmediata. No hay duda alguna de que si ese sistema no ha desplegado todo su potencial es, simple y llanamente, porque a la clase política no se le ha dado la gana.

 

Hay obligación constitucional y legal de emprender una política nacional anticorrupción y es urgente cumplirla. Quienes hemos seguido de cerca ese largo y complejo proceso desde el principio, sabemos de sobra que no hay excusas para darle vida institucional al SNA.

 

Que no quieran matarlo, antes de darle la ocasión de nacer.