El mensaje de Catalina Pérez, “Seguridad, sin guerra” resume porque la militarización representa el mayor peligro a la democracia mexicana, en este momento: esas son las tres las razones por las que México debe estar alerta, por el creciente activismo político de las fuerzas armadas:

 

Primero.- porque se ha convertido en un complejo industrial militar, con importantes intereses económicos, el ejército mexicano es el operador del “Tren Maya”, y del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía; la Marina será el operador estratégico del proyecto del istmo de Tehuantepec, además el Gobierno de AMLO ha desplegado las fuerzas armadas en la Península de Yucatán, de tal suerte controlara el territorio con el 80 % reservas probadas de petróleo del país para el presidente la militarización podría ser  la única manera de evitar la privatización.

 

Segundo.-porque permanece la impunidad en casos contra las fuerzas armadas, esto es particularmente peligroso en un país con un largo historial de denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Valles de Anáhuac, apenas la semana pasada un grupo de víctimas de desaparición forzada de Nuevo Laredo reclamaron al poder judicial la falta de transparencia, y la obstrucción de la justicia en el procesamiento de dos marinos acusados de este delito se trata de una de miles de historias.

 

Tercero.- no hay controles legales para las Fuerzas Armadas en territorio mexicano, “seguridad sin guerra” una asociación advierte que el gobierno de AMLO ha hecho un uso desmedido, opaco y sin control de las fuerzas armadas particularmente en funciones relacionadas con la seguridad pública, esta política es inconstitucional, la idea de la guardia nacional estimula que el despliegue de las fuerzas armadas está limitado a un periodo de cinco años y condicionado a que será en forma regulada, extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, nada de esto ha ocurrido según “seguridad sin guerra” caracteriza la situación como un cheque en blanco a las fuerzas armadas para actuar sin controles de vigilancia pero toda hay una salida constitucional a lo que podría convertirse en una crisis democrática, la oportunidad de desafiar la injerencia del poder militar en el sistema político recae en la suprema corte de justicia de la nación, el viernes la primera sala  votaran si  el acuerdo  emitido por el gobierno federal para ratificar el cumplimiento de la ley de guardia nacional con tratados internacionales es o no constitucional “seguridad sin guerra”, advierte que hay señales para ser pesimistas el tema se discutirá por cinco ministros en la primera sala no el pleno, y el proyecto no ha sido publicado para su discusión pública, hay que entenderle el futuro en la relación de las fuerzas armadas con la democracia mexicana está en manos de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia.