El gatopardismo es un término usado en política, que resalta la necesidad de hacer cambios (simulados) con el propósito de que el sistema permanezca intacto, según lo definió el escritor italiano Giussepe Tomasi di Lampedusa en su libro titulado “El Gatopardo”.

 

Mantener inalterables las cosas es una de las tareas de quienes ostentan los cargos superiores; ya sea un presidente, pasando por uno que otro mandatario estatal hasta llegar con los encargados de redactar, discutir y pasar las leyes, es decir, los diputados y senadores.

 

¡A fuerza!

 

Durante el proceso electoral 2018, el Poder que ha adoptado un bajo perfil es sin duda el Legislativo (Federal), el cual vigila atento su desarrollo –según su conveniencia-, alejado de la escena pública, pero siempre haciendo un trabajo “subterráneo” que ayude o perjudique a un aspirante, según lo determine cada fracción parlamentaria. 

 

En noviembre del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que obligaba al Congreso de la Unión a aprobar una ley en materia de comunicación gubernamental; todo esto, después del amparo promovido por la organización civil Artículo 19, que se inconformó por el “congelamiento” de la última parte de la Reforma Electoral promulgada en 2014.

 

Área fundamental

 

Una de las piezas clave para que todo gobierno funcione, es la comunicación, pues sin ésta, sería imposible difundir los logros o acciones colectivas ni las ideas o posturas de quien (o quienes) lo encabezan, asimismo, es un arma de “doble filo” que puede manipular a los ciudadanos y ser empleada para objetivos personales.

México es uno de los países donde la comunicación social –aún- permanece en un vacío legal, donde cualquier autoridad puede manejar discrecionalmente el dinero y repartirlo entre los medios y periodistas que mejor convengan a sus intereses.

 

El derroche

 

Y es que los políticos en México creen que a mayor presupuesto, mayor control y popularidad; sin embargo, la realidad muestra lo contrario. De acuerdo a la más reciente evaluación hecha por Consulta Mitofsky a la administración de Enrique Peña Nieto (entre diciembre 2017 y febrero 2018), arrojó que sólo dos de cada diez mexicanos aprueban la gestión del originario de Atlacomulco (21 por ciento), mientras que el 69 por ciento está en desacuerdo.

 

Lo anterior muestra una disparidad entre lo invertido por Los Pinos en el rubro de comunicación, propaganda e imagen, desde diciembre de 2012 hasta las postrimerías de 2017 (más de 40 mil millones de pesos) y el magro índice de aceptación.

 

Nada bien… todo mal

 

Con la fecha límite a cuestas, ambas cámaras aceleraron los trabajos con el fin  aprobarla; no obstante, la mayoría conformada por el PRI, PVEM y Panal se impuso al bloque opositor (PAN, PRD y PC) y con ello, quedaron avaladas sus propuestas, entre las que llaman la atención, el otorgamiento de facultades a la Secretaría de Gobernación para que regule el gasto de comunicación social o la eliminación de topes de gasto para la contratación de pautado en medios por parte del Ejecutivo federal.

 

Otras agrupaciones como el colectivo #MediosLibres sostienen que la Ley General de Comunicación Social “legaliza las malas prácticas en torno a la publicidad oficial, mantiene el estatus quo”, en tanto los priistas sostienen que es un avance, pero lo cierto es que esas “mina de oro” y “garrotes” que son las oficinas de prensa, hacen que los políticos sigan al pie de la letra lo escrito por Tomasi: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

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