Cinco años han pasado desde aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, donde 43 normalistas de Ayotzinapa fueron presuntamente levantados por policías municipales de Iguala, en complicidad con elementos de las fuerzas de seguridad estatal y federal.
Sesenta meses pasaron sin saber el destino de esos jóvenes que sólo buscaban recolectar dinero para financiar un viaje a la Ciudad de México con motivo de la conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Varios señalados Más de cien personas fueron detenidas por su probable participación en la desaparición de los estudiantes, varias de ellas permanecen recluidas (y sin sentencia) y una gran parte ha salido por falta de pruebas o violación al debido proceso sin que hasta el momento se conozca al autor o autores intelectuales ni materiales.
A excepción del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, cero funcionarios de primer nivel han sido puestos tras las rejas. Ni el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre ni el ex procurador de la entidad, Iñaki Blanco; ni el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez ni el entonces titular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam han pagado por sus errores u omisiones durante y después del tal acontecimiento.
Dos grupos del crimen organizado –según las indagatorias- jugaron un papel importante en este delito, Guerreros Unidos y Los Rojos. El primero fue acusado de orquestar, en coordinación con las policías de Iguala y Cocula, la retención y posible matanza de los normalistas; mientras que el segundo, controlaba la plaza de Chilpancingo y sus alrededores (incluyendo Iguala y la zona de la Tierra Caliente).
“No se hace uno”
Seis gobernadores ha tenido Guerrero desde la noche trágica. Después de Aguirre, desfilaron por el cargo Jesús Martínez Garnelo (encargado de despacho), Rogelio Ortega Martínez (interino), David Cienfuegos Salgado (interino), Rogelio Ortega Martínez (interino por segunda ocasión) y el actual, Héctor Astudillo; todos, con pocas ganas de esclarecer los hechos.
Los días avanzan, nuevas versiones se incorporan al debate, las reuniones entre familiares y autoridades son frecuentes pero no dan resultados; asimismo, la procuraduría, ahora convertida en fiscalía (FGR), promete reabrir expedientes y llevar a cabo más comparecencias que lo único que hacen es prolongar la impunidad.
El futuro
Quizá las marchas en reclamo de justicia continuarán y se sumarán a las decenas de manifestaciones que se han efectuado a lo largo y ancho del país, mientras tanto, la incapacidad del Estado mexicano para resolver éste y otros casos ya quedó al descubierto.
Andrés Manuel López Obrador y la FGR (autónoma) a cargo de Alejandro Gertz Manero, tienen la obligación de llegar con los responsables de la desaparición de los 43, ya sea mediante investigaciones al ejército y a la otrora Policía Federal, y por supuesto, a su respectivo antecesor.
El tiempo transcurrido acrecienta la herida de la sociedad, la cual ve, a pesar de los encarcelados, exculpados, prófugos, gobiernos salientes y entrantes con diferente signo e ideología, la falta de voluntad y de palabras “huecas” emitidas desde el poder que poco abonan al esclarecimiento.
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