El ejercicio del poder siempre dejará huella, para unos positiva y para otros no tanto, pues la responsabilidad de llevar bienestar y manejar el dinero público es importante a través de la ejecución de tareas y la aplicación correcta de los recursos para influir directamente en los habitantes de una comunidad.
Algunos piensan que estar en el gobierno sirve para tener ingresos superiores por un tiempo prolongado y así, incrementar su patrimonio; no obstante, dicha visión es errónea porque al servicio público se llega para aplicar los conocimientos y experiencia a favor de los demás.
Mina de oro
En este país, toda persona conoce algún político que llega de una forma y sale de otra. La calidad de vida de este último cambia rápidamente para bien, por ejemplo, el alcalde que compra una camioneta de lujo al poco tiempo de asumir el cargo o el diputado (local o federal) que termina su periodo viviendo en una residencia.
La burocracia es una auténtica industria, de acuerdo con el sitio sinembargo.mx, en México hay 5.7 millones de trabajadores del sector público, ya sea en el orden federal, estatal o municipal, los cuales tienen –por lo general- prestaciones superiores a las de la ley.
Se estima que en 2017 el gobierno mexicano destinó alrededor de de 4.2 billones de pesos para cubrir los rubros de gasto corriente, salarios, jubilaciones y pensiones, un 88 por ciento (%) de todo el Presupuesto de Egresos, equivalente a 4.8 billones de pesos.
Dinero malo
Pero el ingreso y los privilegios contractuales son una parte de las entradas de este tipo de empleados, por desgracia, una buena cantidad de ellos los obtienen por vía ilegal (corrupción), es decir, mediante sobornos, desvíos, cuotas, “moches”, etcétera.
Según el estudio difundido en 2014 por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), titulado “México: Anatomía de la Corrupción”, arrojó que la percepción ciudadana hacia la corrupción gubernamental rondó el 87% y calculó que ese año hubo 4 millones de actos ligados con este delito y tan sólo un 2% de gente sujeta a proceso.
Sin sanciones
La impunidad es un aliciente para que más personajes ligados con la administración pública infrinjan sin castigo alguno. El reciente caso de la exsecretaria Rosario Robles, vinculada con la Estafa Maestra (contratos ilegales por 7 mil 670 mdp) forma parte de una larga lista de exfuncionarios o legisladores que, a lo largo de la historia reciente, hicieron un mal uso del erario, varios de ellos librando la justicia.
Más allá de la presunta culpabilidad de la experredista, es necesario una transformación del sistema mexicano para que la burocracia se revalúe y no sea visto como una “mina de oro” con exigencias menores y sí, una estructura que integre a los mejores hombres y mujeres con honestidad y vocación que buena falta le hace a esta nación.
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