Nadie sabe cómo ni por qué, pero en México las leyes son un catálogo de buenos deseos que muy pocas veces se cumple a rajatabla y sin embargo, el Estado a través de sus organismos e instituciones continúa operando a pesar de las adversidades.

 

Este país tiene leyes federales para todo (alrededor de trescientas vigentes), una Carta Magna que rebasa las 111 mil palabras (hasta febrero de este año), un congreso federal “robusto” con 628 miembros (500 diputados y 128 senadores) y varias reformas impulsadas y aprobadas –en promedio- cada seis años.

 

Cierto es que algunos puntos del marco legal mexicano son de avanzada y otros simplemente no están acoplados a los nueva época; lo paradójico del asunto es que la clase política es quien impulsa determinados cambios a la reglamentación y al poco tiempo, es la primera en alterarlos o violarlos.

 

Desde la península…

 

Un ejemplo de lo anterior es el ocurrido hace unos días en el congreso de Baja California, donde por mayoría se aprobó la ampliación del periodo de gobierno del próximo mandatario, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. La polémica radica en que éste fue electo el pasado 2 de junio por un lapso que comprende de noviembre de 2019 a octubre de 2021, tal como lo establece las reglas electorales locales de 2014, y no hasta 2024.

 

Dicha jugada fue ideada, negociada y ejecutada por Bonilla y su partido (Morena), específicamente por el diputado Víctor Morán, quienes lograron algo pocas veces visto: “convencer” a los panistas y priistas y así obtener en total, 21 votos a favor y 1 abstención.

 

La burda maniobra con la que intentó aprobarse fue denunciada por los medios de comunicación y usuarios de las distintas redes sociales hasta “viralizarse” en el transcurso de unas horas, mediante todo tipo de críticas al Poder Legislativo bajacaliforniano.  

 

Una raya más

 

Este acontecimiento sienta un mal precedente para la democracia mexicana, la cual todavía está en proceso de consolidación y los escándalos como el de la entidad fronteriza muestran el alto nivel de corrupción de los políticos de todos los partidos y el nulo respeto que tienen a sus representados.

 

La “elección- reelección”, como se le ha denominado al plan de Bonilla se suma a otros grotescos episodios en la historia de México: Las 11 veces que Antonio López de Santa Anna ocupó la Presidencia de la República (según datos del diario Excélsior  https://www.excelsior.com.mx/2012/06/26/nacional/843639); los 30 años en el poder de Porfirio Díaz; la –cuasi- repetición en el cargo de Álvaro Obregón, quien ejerció el poder entre 1920 y 1924 y 4 años más tarde, a semanas de regresar al mando, fue asesinado; la candidatura única de José López Portillo en 1976 y las dos gubernaturas de Víctor Cervera Pacheco en Yucatán.

 

Recientemente, la votación- declinación de Rafael Acosta “Juanito” como jefe delegacional en Iztapalapa o la tómbola morenista para designar aspirantes a legisladores federales, son otros capítulos oscuros que acrecentaron la percepción negativa de los ciudadanos hacia la política.

 

El recurso de inconstitucionalidad que interpondrán la oposición o los entes autónomos, seguramente prosperará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jaime Bonilla deberá comandar los destinos de Baja California por dos años; empero, el daño a la legalidad está hecho y la credibilidad de PAN, PRI y Morena irá en caída libre.

 

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