El pasado 26 de febrero, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se desclasifican los archivos ocultos los cuales, hasta hace unas semanas, eran resguardados por el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La decisión cobró mayor relevancia cuando, días después, el propio Andrés Manuel López Obrador mencionó que existía un expediente con su nombre elaborado por agentes de la antigua policía secreta mexicana, la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
¿Qué es el espionaje?
Se dice que el espionaje es un “oficio” tan antiguo como el primero, desde los comienzos de la humanidad, el recopilar y divulgar información de otros sin su consentimiento es una práctica común y realizada con frecuencia por los órganos de poder.
Muchos son los casos de seguimiento a líderes comunitarios, dirigentes de partidos (opositores), empresarios, periodistas, etcétera, que en México se institucionalizó e intensificó durante buen tramo del régimen priista. La DFS nació en 1947 y operó hasta 1985, año en el que se transformó en el Cisen.
“Garrote” político
La DFS fue una corporación dependiente de la Secretaría de Gobernación y fungía como una especie de termómetro que medía la situación política y social en el país y poco a poco fue tomando más atribuciones, como la tortura y participación en asesinatos.
Elementos siniestros formaron parte de sus filas, como Miguel Nazar Haro, José Antonio Zorrilla y tal vez, el más reconocido y temido: Fernando Gutiérrez Barrios; algunos de ellos con carrera militar y capacitación en los principales aparatos de inteligencia occidentales.
Lo bueno y lo malo
Como en otros planes anunciados por el mandatario, la polémica se hizo presente. Académicos y especialistas señalan que una gran cantidad de documentos no podrán liberarse debido a que “se pone en riesgo la seguridad nacional”, entre otros motivos.
Para la mayoría de los ciudadanos, ésta fue una acción correcta e impostergable; sin embargo, aún desconocen el procedimiento para solicitar o consultar las fichas en el Archivo General de la Nación, institución que está a cargo de preservar todo ese registro.
Los datos contenidos en cartas, folders, fotografías, hojas, legajos y tarjetas pertenecientes a miles de mexicanos, serán sin duda de utilidad si se quiere entender a la persecución, intimidación y represión, como una estrategia de seguridad emprendida por las administraciones postrevolucionarias y aún reproducida –por desgracia- a nivel local.
Asunto sin resolver
Pese a su creación, el Cisen no fue esa agencia eficiente que contribuyera a resolver los problemas de violencia en el país y lo que es peor, reprodujo los vicios del pasado, ya que varios de sus integrantes estuvieron en la DFS y a partir de los noventa, el llamado “servicio secreto” se dedicó más a espiar a los enemigos políticos que a intervenir en temas clave.
¿México requiere de un cuerpo de inteligencia como el Cisen? Y es que la discusión de la medida adoptada por el Ejecutivo también versa en ese sentido. Si bien las fuerzas armadas poseen un área dedicada a ello, sus facultades varían, de ahí la necesidad de contar con un órgano civil, en momentos donde las bandas del narcotráfico, huachicoleros o tráfico de personas, desafían al Estado y parecen llevarle la delantera.
El gobierno encabezado por López Obrador ya inició una campaña de combate a la corrupción y al mismo tiempo, otra para “desempolvar” la información guardada por órdenes de sus antecesores, algo que en teoría suena bien, porque podría revelar hechos y exhibir a individuos, mientras que la seguridad nacional está siendo vulnerada.
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