Janine Madeline Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó que en la determinación de los jueces para ratificar el triunfo de Martha Erika como gobernadora de Puebla, hayan existido presiones o amenazas. 

 

La declaración contrasta con los señalamientos que realizó el pasado sábado el magistrado José Luis Vargas Valdez durante la sesión del pleno del TEPJF donde él presentó un proyecto de sentencia para el Caso Puebla que proponía anular las elecciones y repetirlas.  

 

Otálora Malassis también pidió a su par, en una entrevista concedida a El Universal, denunciar y probar formalmente las irregularidades que señaló la noche del sábado, cuando la decisión pendía sólo del voto de la presidenta del TEPJF.

 

Sobre los señalamientos de “corrupta” que realizó la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, así como los calificativos de decisión “antidemocrática” lanzados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la magistrada sostuvo este lunes en entrevistas radiofónicas que respeta el derecho a la crítica aunque insistió en que no comparte las acusaciones. 

 

 

En contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dedicó unos minutos de su acostumbrada conferencia matutina al Caso Puebla, reiteró que no comparte el sentido del fallo, criticó el actuar de los organismos electorales, incluso se refirió al tema como un “fraude electoral” pero reconoció que acatará el fallo del máximo tribunal electoral. 

 

Por su parte, Martha Erika Alonso, reconoció que López obrador aún no le ha llamado pese a que desde el sábado por la noche se ratificó su triunfo y sostuvo que al margen de las diferencias políticas, mantendrá una política de dialogo y consensos. 

 

¿Cuál es su opinión sobre las críticas tanto del ex candidato Miguel Barbosa como del magistrado José Luis Vargas? 

— Es lo difícil de una decisión dividida. Formuló el magistrado Vargas varios cuestionamientos, inquietudes, pero no tienen fundamento. Lo que mencionó de las amenazas que ha recibido, yo creo que hay que denunciarlo, definitivamente. Si las recibió, si tal fue el caso, hay que denunciarlo y no permitirlo.

Lo referente a presiones que el él dice recibieron algunos de los magistrados, no lo comparto. Igual, si alguien tiene dudas, que presente las pruebas y proceda.

¿Usted fue de alguna manera amenazada o recibió a cabilderos?

— Ninguno, no. Recibí a las partes como todos los integrantes del pleno, a Barbosa y a Alonso. Escuché sus argumentos, nada más.

El magistrado Vargas mencionó que los impugnantes estaban más a expensas de lo que lograran en cabildeo con magistrados. ¿Es así o tuvieron algún valor las pruebas y el análisis de los magistrados?

— Para mí importó exclusivamente lo que había en el expediente. Yo me fui al expediente para formar mi criterio de que no era suficiente lo que había sucedido en la bodega central del Instituto Electoral de Puebla después de la elección y del cómputo electoral.

Hay la impresión de que se resolvió con un criterio diferente al de Monterrey, Nuevo León

— No, en ese caso la diferencia entre el primero y segundo lugar era de 0.8% y el análisis es otro cuando la diferencia es menor a 1 %.

En el caso de Puebla, la diferencia era de 4%, ganó la candidata del PAN en el cómputo distrital y en el recuento que hicimos en el TEPJF y nunca hubo un cambio de ganador, una situación muy distinta.

El magistrado Vargas señaló tácticas dilatorias, que antes han sesionado cinco magistrados y no han esperado a estar los siete. ¿Es por la trascendencia del asunto?

— Exactamente, porque con esta integración hemos resuelto ya Nayarit, Estado de México, Coahuila. Puebla es la cuarta gubernatura que hemos resuelto y siempre hemos estado los siete. Si no hubiese pedido que estuviésemos los siete, hubiera habido suspicacia. Se requería tiempo para analizar casi 500 cuartillas y el expediente de 5 mil constancias.

Dijo el ex candidato Barbosa que cedieron al poder corruptor del senador [Rafael] Moreno Valle, esposo de la gobernadora electa.

— Yo puedo decirle que no hubo absolutamente ninguna medida ni de presión ni de obtener un voto a favor de alguien. Absolutamente no, obviamente en estas decisiones siempre la otra parte la va a cuestionar, es normal, es legítimo.

¿No es presión que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador mencione que fue un fallo antidemocrático?

— Es muy respetable su opinión, pero como él mismo lo dijo, lo acatará y se respetará el sistema de institución.

¿Confía en que lleguen a la reconciliación o a entender el fallo?

— Espero que puedan analizar el expediente y entender por qué no alcanzó para anular la elección.

¿Habrá reconciliación en el propio TEPJF?

— Yo confío en que sí. Llegaremos a fin de año con un pleno de la Sala Superior consolidado, fuerte y unido.

¿Los salarios del Poder Judicial fueron una medida de presión? ¿Sintió presión por esa parte?

— No, no, yo en lo personal puedo decir que ninguna en la que he emitido mi voto ha sido por una moneda a cambio de algo. 

Reiteraría entonces la invitación a que presente denuncia si hubo estas presiones.

—Si las hubo, definitivamente sí.

¿Y si no, causa un daño al tribunal, al Poder Judicial, hacer estos señalamientos?

—Mire, son señalamientos que no deberían de ser, definitivamente, pero siempre alguna de las partes va a considerar que si el fallo no le da la razón es porque se presionó para que saliera en otro sentido. 

Entonces a nosotros nos compete, con los argumentos en la sentencia y en la sesión pública, demostrar que las sentencias corresponden exclusivamente a criterios jurídicos y a las pruebas.

Como en el caso de la calificación de la elección presidencial.

—Exactamente.