El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió los recortes salariales en la administración pública, en respuesta a los centenares de demandas que han interpuesto funcionarios del Poder Judicial ante esta decisión e indicó que aquellos funcionarios que no estén de acuerdo en tener un salario más bajo, pueden irse a la iniciativa privada.

 

"Hicimos nuestro esfuerzo de bajar sueldos de altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco", indicó el mandatario en su segunda rueda de prensa matutina.

 

De acuerdo con medios locales, cerca de 3 mil funcionarios del Poder Judicial han interpuesto amparos contra los recortes salariales que contempla el Plan de Austeridad de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, a través de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

 

"Si esto no les parece justo a los funcionarios de la nación, del más alto nivel, de los tres poderes, tienen su derecho a manifestarse. La autoridad competente es quien va a resolver", dijo López Obrador.

 

El líder izquierdista recordó que se va a aplicar una política de austeridad, y tachó de "deshonesto" el funcionario público que, "como sucedía", llegaba a ganar hasta 600 mil pesos mensuales en un país "con tanta pobreza".

 

López Obrador percibe 108 mil pesos mensuales, el equivalente al 40 por ciento de la nómina del anterior mandatario, Enrique Peña Nieto.

 

Funcionarios de diversas entidades de la Administración Pública Federal como PGR, SAT, SHCP, Bansefi, Nacional Financiera, Bancomext, Banco de México y de la Secretaría de Salud han buscado la asesoría de algunosdespachos de abogados para enfrentar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y según información pública, serían cerca de 6 mil 500 personas quienes resultarían afectadas.

 

Jueces, magistrados, secretarios, actuarios, oficiales y miembros de órganos autónomos de la Ciudad de México han interpuesto amparos contra dicha ley; hasta el pasado 30 de noviembre, 614 titulares de juzgados y tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos.

 

En tanto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora manifestó que hay una disposición constitucional que hace referencia a habilidades jurídicas en el desempeño del cargo (como una de las excepciones) que podrían utilizarse contra la Ley de Remuneraciones.

 

"Y es uno de los supuestos de todo el personal jurídico que trabaja en el Poder Judicial", dijo.

 

La posición final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se definirá cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 22 de noviembre, por considerar que la Ley de Remuneraciones podría vulnerar los derechos humanos de alrededor mil 190 personas.

 

Asimismo, el máximo tribunal habrá de pronunciarse ante el amparo colectivo que promueven jueces y magistrados federales de todo el país.

 

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, señaló que de los casi 3 mil quejosos contra la baja salarial sólo se reportan 512 demandas, de un universo de 85 mil personas.

 

Están en su derecho de solicitar amparo y habrá que ver la decisión de los jueces respecto de estos casos, dijo Zoé Robledo, entrevistado en el Senado.

 

A su vez, Martí Batres Guadarrama dijo que el recorte de remuneraciones tiene que ver con acabar con privilegios, lo cual, sin duda, afirmó, es difícil y enfrentará inercias que se profundizaron en los últimos años.

 

Esta ley, también llamada Ley de Salarios Máximos, forma parte de acciones hacia la equidad y justicia salarial, cuando en México hay distancias de remuneraciones de 100 a uno, mientras que en otros países son de siete a uno.

 

La meta es mejorar el salario, no de un pequeño grupo de altos ingresos, expuso Batres Guadarrama.