La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la solicitud de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para convocar a Sesión Extraordinaria este viernes 31 de agosto, a las 11:15 horas.
Dentro de los Puntos del Orden del Día se analizarán y se pondrán a consideración del Pleno la Iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica Municipal, entre otros.
Asimismo, las y los legisladores llevarán a cabo la elección y nombramiento de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de los Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
De igual manera, se presentarán los Dictámenes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente al análisis de los informes individuales de las entidades fiscalizadas, aprobación de cuentas públicas, así como inicio y resolución de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades y recursos de revocación.
En más puntos a tratar en la sesión extraordinaria, se pondrán a consideración las reformas y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el propósito de crear la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y modificar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para quedar como Secretaría de Desarrollo Rural.
Además de la expedición de la ley de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reformas al Código Penal del Estado de Puebla, y reforman y derogaciones de la Ley del Transporte del Estado.
En temas municipales se pondrá a consideración de las y los Diputados las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, entre otros.
Finalmente, durante la sesión de la Comisión Permanente el Diputado Manuel Herrera Rojas presentó la iniciativa para reformar la Constitución del Estado con la finalidad de que las autoridades estatales y municipales implementen una política pública de la Mejora Regulatoria para lograr la simplificación de trámites y servicios.
