La senadora Claudia Edith Anaya Mota planteó actualizar la legislación reglamentaria para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se coordine con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para difundir en lenguas originarias los acuerdos y decretos de emergencia sanitaria entre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con el fin de proteger su derecho a la salud.
A través de una iniciativa con proyecto de decreto que presentó para adicionar un párrafo a la fracción XLIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la legisladora del PRI señaló que de esa forma se resolverán las dificultades que enfrenta ese sector poblacional para acceder a la información respectiva.
Comentó que de acuerdo con información oficial, alrededor de 25 millones de personas se reconocen como indígenas, de las cuales, más de 7 millones hablan una lengua originaria. Es decir, más del 20 por ciento de los mexicanos se reconocen como indígenas y afromexicanos, acotó.
Expuso que conforme a diversos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los tres niveles de gobierno deben adoptar medidas que garanticen el derecho y acceso efectivo a los servicios de salud de todas las personas, lo cual incluye a esos pueblos y comunidades, que son un núcleo poblacional con elevadas condiciones de vulnerabilidad.
Es necesario, indicó, sentar las bases para que las autoridades federales, estatales y municipales realicen las acciones necesarias para resguardar los intereses de sus habitantes, entre los que se encuentra ese sector poblacional.
Señaló que las medidas que se adopten deben atender la diversidad cultural, social y económica y así poder atender ésta o cualquier emergencia sanitaria en favor de los mismos, contemplando las dificultades que enfrentan para acceder a la información correspondiente.
Por eso es básico, dijo, que cuando se declare una emergencia de salud como la actual, las comunidades originarias deben tener acceso oportuno al contenido de los documentos que se publiquen en el DOF, mismos que les serán transmitidos y difundidos con pertinencia cultural, lingüística y de género para ayudarles a proteger su derecho a la salud.
La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.
