El legislador asevera que la creación de este ordenamiento refrenda el compromiso del Senado con la educación y el bienestar de las y los estudiantes del país.
La Ley General de Educación Superior (LGES), será un parteaguas para abrir paso a un nuevo modo de concebir la educación superior, así como a la creación de profesionistas que se formen a la luz del humanismo, la conciencia de su entorno y la capacidad crítica para transformarlo en favor de su propio proyecto y el de nuestra sociedad, afirmó el senador Rubén Rocha Moya.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta e integrante de la bancada de Morena aseguró que, con esta propuesta, el Senado de la República refrenda su compromiso con la educación y con el bienestar de las actuales generaciones y las futuras.
Recordó que una de las primeras acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue “echar abajo la mal llamada reforma educativa”. Apuntó que gracias a esto, ya no se persigue a las maestras y los maestros, pues todos los esfuerzos del Estado se concentran en el objetivo más importante: garantizar el acceso efectivo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación integral y de excelencia.
Recordó que la reforma constitucional estableció la obligación del Estado mexicano de impartir y garantizar el acceso universal a la educación superior, por lo que, para materializar este propósito, se mandató la creación, por primera vez, de una norma que estableciera las bases generales para la regulación de la educación superior en nuestro país.
De ahí surge la LGES, indicó el legislador, un ordenamiento diseñado no sólo por legisladoras y legisladores de todos los Grupos Parlamentarios, sino a partir de las inquietudes expresadas por especialistas, del ámbito académico y de la investigación, docentes, universidades e instituciones de educación superior, centros de investigación y sociedad en general.
Uno de los puntos clave de la LGES es el reconocimiento y el respeto a la autonomía universitaria como un elemento indispensable para el desarrollo armónico de la educación superior en el país, y una característica irrenunciable de un sistema democrático. Asimismo, establece mecanismos de consulta a la comunidad universitaria en asuntos trascendentes.
El Sistema Nacional de Educación Superior se consolida como el conjunto de actores, instituciones públicas y particulares de educación superior, que se integra por los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas normales y formación docente.
Promueve esquemas de formación, capacitación, actualización, profesionalización y superación del personal docente en educación superior, a efecto de mejorar las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios. Además, plantea el respeto al régimen laboral de las y los trabajadores.
Asimismo, reconoce el papel de las entidades federativas en la impartición de educación superior, a través de la creación de sistemas locales de educación superior y de las comisiones estatales para la planeación de la educación superior.
En este sentido, se crea el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, como órgano colegiado para acordar las acciones y estrategias que impulsarán el desarrollo de la educación superior. Para esto, propone un esquema de distribución de competencias exclusivas para la Federación y las entidades federativas, así como otras de naturaleza concurrente.
Además, precisa que la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto se realizarán conforme a la legislación respectiva, y respetando, en todos los casos, la autonomía universitaria.
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