El Gobierno de México enfrenta el reto de avanzar hacia una política que escuche a todos, capaz de garantizar a las y los mexicanos el ejercicio pleno de derechos a la alimentación, la salud, la seguridad social, la educación, el trabajo, el medio ambiente sano y vivienda digna, expresó la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González.

 

“Una política capaz de trascender la suma de programas aislados y de corto plazo por programas de largo plazo, de alcance general y con visión integral”, señaló.

 

Ante investigadores, académicos, especialistas en diversas disciplinas y servidores públicos de la administración pública federal, que participaron en el Foro Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, dijo que se requiere establecer un Sistema Nacional de Bienestar, a fin de atender con eficiencia a los grupos de la sociedad más desfavorecidos.

 

Destacó que la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad: “primero los pobres”, y para brindarles atención mediante 25  Programas Integrales de Bienestar, se cuenta con una inversión social de 300 mil millones de pesos para este año.

 

Hizo notar la “existencia en un mismo territorio del México de la prosperidad y, por el otro lado, el de la marginación y la desesperanza”.

 

Albores González afirmó que la presente administración enfrenta el fracaso de políticas sociales marcadas por la corrupción y basadas en programas clientelares en la entrega de apoyos. Dijo que más de 53 millones de personas, de acuerdo a cifras oficiales, no pueden vivir con suficiencia y dignidad. “Heredamos un país atravesado por profundas injusticias y una marcada desigualdad”, sostuvo.

 

“El reto que enfrentamos es complejo y exige todo nuestro talento y compromiso. Demanda trabajar sin tregua y poner el corazón y el pensamiento por delante”, aseguró.    

 

Afirmó que se está construyendo el cambio en el territorio con acciones concretas para que los más vulnerables, como personas adultas mayores y personas con discapacidad, sean las más cercanas al gobierno.

 

Hay protocolos y acciones mínimas que a veces no se han hecho notar, pero “nosotros somos el único gobierno que durante la gira de 100 días hemos pensado en los adultos mayores y en las personas con discapacidad, y hay un espacio diferente para que puedan acceder las personas con sillas con ruedas o adultos de más de 70 años”, a los eventos organizados en las plazas públicas.

 

Comentó que es una acción mínima y concreta que hace la diferencia: “ver a la gente sorda cantar el Himno Nacional en diferentes localidades, a través de lenguaje de señas, es precisamente el contraste de esta Cuarta Transformación”.

 

Albores González planteó una política de bienestar que asegure el goce pleno de derechos sin exclusión ni discriminación; que parta de un enfoque basado en la universalidad de los derechos humanos y sociales, el ciclo de vida de las personas, la participación social y comunitaria, la perspectiva territorial, la transparencia y la honestidad.

 

Es necesario, precisó, cambiar la lógica de los programas de gobierno para que el punto de partida no sean personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derechos, que dispongan de mecanismos de exigibilidad y efectividad, que hable no de “gasto social” sino de “inversión social” para dotar a las personas de los medios necesarios para generar capacidades de desarrollo.

 

Asistieron al Foro Sectorial del PND: Clara Jusidman Rapoport, quien preside la asociación Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social; Luz Beatriz González Esteva, Directora General del Instituto Nacional de Desarrollo Social; Pablo Yanes Rico, Coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Guillermo Miguel Cejudo, Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.