Ofrecer este tipo de información, permite evaluar las acciones de los entes públicos en el combate a la delincuencia y la inseguridad: comisionada Josefina Román

 

Señaló que la Cámara de Diputados aprobó las Leyes secundarias de la Guardia Nacional, así como las relacionadas sobre el uso de la fuerza y el registro de detenciones, por lo que ha cobrado plena vigencia

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer la expresión documental que da cuenta del presupuesto asignado para la conformación de la Guardia Nacional, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

 

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Josefina Román Vergara sostuvo que la difusión de los recursos asignados para la conformación de la Guardia Nacional, así como todo aquello relacionado con la implementación de esta medida a cargo del Estado, representan un gran paso para alcanzar el Objetivo “Paz, justicia e instituciones sólidas”, contenido en las metas para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

“Por tanto, la entrega de la información presupuestal para la integración de la Guardia Nacional significa ofrecer a la ciudadanía información veraz, oportuna y confiable para la construcción de vínculos abiertos y responsivos con los entes públicos, en la determinación y evaluación de sus acciones para el combate a la delincuencia y la inseguridad”, enfatizó. 

 

Román Vergara recordó que, el pasado 23 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó las cuatro Leyes secundarias de la Guardia Nacional, así como las leyes sobre el uso de la fuerza y el registro de detenciones para esta nueva corporación. 

 

“Por lo que ha cobrado plena vigencia como una institución del Estado que participa para salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y los recursos de la nación”, apuntó.

 

En respuesta a la parte solicitante que requirió esa información, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, manifestó la inexistencia de esta y la justificó en atención a que el Reglamento Interior de la SSPC aún no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no existe como tal dicha dependencia.

 

Inconforme con la inexistencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión ante el INAI.

 

En alegatos, la SHCP reiteró su respuesta original y agregó que, si bien la Guardia Nacional está reconocida en el artículo 21 de la Constitución, aún no existía la o las Leyes secundarias que permitan su implementación. Adicionalmente, el sujeto obligado orientó a la particular presentar su solicitud de acceso ante la SSPC.

 

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Román Vergara expuso que la parte solicitante requiere tener acceso a los documentos que entregó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la SHCP, es decir, la petición de asignación de una partida de 20 mil millones de pesos para la puesta en marcha de la Guardia Nacional.

 

En ese sentido, se expuso, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 se establece en el anexo 1, referido al Gasto Programable, 04 Gobernación, una suma superior a los 60 mil 783 millones, entre los que se encuentran los destinados a la SSPC, en cumplimiento del Decreto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

 

Además, de acuerdo con el Decreto Constitucional del 26 de marzo de 2019, en tanto se expide la Ley respectiva, la Guardia Nacional, que se conformará con los elementos de la Policías Federal, Militar y la Naval, asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros. Es decir, la SSPC tiene asignado un presupuesto y es a la que estará adscrita la Guardia Nacional.

 

La ponencia estimó que la SHCP realizó una interpretación errónea a la solicitud de acceso, por lo que debió otorgar al particular la expresión documental con la asignación del presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, consecuentemente, la partida etiquetada para la integración de la Guardia Nacional.  

 

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada Josefina Román Vergara, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, con el fin de entregar el documento que refiera la asignación de presupuesto para la conformación de la Guardia Nacional.

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Cuando el derecho de acceso a la información es ejercido por grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad la capacidad de transformar el microentorno inmediato de estas comunidades es mayor: enfatizó Joel Salas Suárez, comisionado del INAI

 

Tenemos que generar capacidades tanto en los funcionarios como en la sociedad, para que la información que ya existe se pueda diseminar en la colonia, en el barrio y generar discusiones públicas sobre cómo resolver los problemas que le duelen en el día a día a la población, planteó

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) promueve el acceso a la información como un instrumento para empoderar a los grupos en situación vulnerable e impulsarlos a cambiar su entorno usando este derecho, afirmó el comisionado Joel Salas Suárez, durante la instalación de la Red Local de Socialización en beneficio de las personas con discapacidad auditiva en el Estado de Jalisco.

 

“Desde el INAI celebramos que Jalisco haya decidido trabajar con un universo muy específico y muy acotado para tratar de que, gracias al uso sistemático del derecho de acceso a la información y/o al aprovechamiento de la información pública, la población con discapacidad auditiva pueda involucrarse de forma más activa en los asuntos públicos y exigir la garantía de otros derechos”, subrayó.

 

El comisionado destacó que la Red Local de Socialización, es parte del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), estrategia que el INAI lleva a cabo en colaboración con los organismos garantes locales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales e instituciones académicas.

 

Salas Suárez recordó que esta política pública busca extender el aprovechamiento del DAI a toda la población con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, partiendo de que sólo 5.6 por ciento de la población ha ejercido alguno de los derechos de acceso a la información y protección de datos, que tutela el INAI.

 

“Tenemos que generar capacidades tanto en los funcionarios como en la sociedad, para que la información que ya existe se pueda diseminar en la colonia, en el barrio, en el municipio o generar discusiones públicas a nivel estatal o nacional sobre cómo resolver los problemas que le duelen en el día a día a la población”, indicó el comisionado.

 

En ese sentido, resaltó que Red Local de Socialización que se instaló hoy en Jalisco está conformada por personas especializadas en la atención de problemas de la población con discapacidad auditiva, con el propósito de facilitar que este grupo poblacional reconozca en el derecho de acceso a la información un instrumento para tratar de modificar lógicas de comportamiento entre la población y las autoridades.

 

“En la práctica, cuando este derecho es ejercido por grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad la capacidad de transformar el microentorno inmediato de estas comunidades es mayor”, enfatizó Salas Suárez.

 

Precisó que el Plan DAI fortalece la metodología para lograr que el acceso a la información se expanda a otros grupos de la población que no han hecho un ejercicio sistemático de este derecho.

 

“Ojalá que los facilitadores salgan a enamorar a la gente, salgan a tratar de que vean cómo con el pleno ejercicio de este derecho sí se pueden hacer micro transformaciones en el día a día, cómo la información hoy sí es poder y cómo una comunidad empoderada es una comunidad que tiene la capacidad de transformar realidades”, dijo.

 

En su oportunidad, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cynthia Cantero Pacheco refrendó el compromiso del órgano garante de atender a los sectores en situación vulnerable.

 

“Además les pedimos que nos orienten en cómo podemos acercarnos para garantizar la efectividad de este derecho humano, de eso se trata el Plan DAI, de generar programas, políticas que sean efectivas para que en realidad podamos llegar al 100 por ciento de la sociedad”, enfatizó

 

Participaron en la instalación de la Red Local de Socialización Gerardo Ballesteros de León, titular  la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno; los comisionados del órgano garante local: Pedro Antonio Rosas Hernández y  Salvador Romero Espinosa; Natalia Mendoza Servín, en representación del Rector de la Universidad de  Guadalajara; Laura Elena Gamboa Soto, titular  de la Asociación Educación Incluyente A.C. y Gloria Carolina  de la Parra Aguayo, de la Asociación Jalisciense de Intérpretes de Lenguas de Señas.

 

Asistió la comisionada presidenta del órgano garante de Colima, Rocío Campos Anguiano; Cristian Velazco Milanés, coordinador de Asuntos con Entidades Federativas y Municipios del Sistema Nacional de Transparencia; Francisco Yáñez Centeno, coordinador de la región Centro- Occidente de los órganos garantes de las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil.

 

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