Agradezco a la Universidad de Guadalajara, a su Consejo de Rectores, la alta distinción de la que me hacen objeto al otorgarme el grado de Doctor Honoris Causa de esta, para mi, reconocida y respetada casa de estudios. Me distingue igualmente, recibirlo en esta misma sesión, junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, amigos estimados.
Recibo con gusto este grado, en primer lugar, porque lo concede una institución cuyo último renacer, después de aperturas y cierres a lo largo de su historia, ha sido obra de la Revolución Mexicana, parte muy importante del legado educativo, cultural y de formación de jóvenes de ese gran movimiento social, transformador de nuestro país y nuestra sociedad, inacabado, y que en su actualización plantea avances y metas por alcanzar para las generaciones actuales y futuras.
Con gusto recibo esta distinción también, porque viene de una institución de vanguardia, que ha diversificado y ampliado sus enseñanzas, llevado a cabo un innovador proceso de modernización de su estructura organizativa, que le da presencia en la integralidad de Jalisco y se proyecta al mundo, que ha promovido instituciones cuyas actividades fortalecen la presencia cultural de Jalisco y de México en el sentido más amplio.
La Universidad de Guadalajara, entre los cambios que propició en sus primeras décadas como institución de la Revolución, fue que alentó la organización de su alumnado para que participara institucionalmente en la vida universitaria y lo hiciera igualmente en el impulso al cambio en Jalisco y la nación entera. Ante esta oportunidad, los estudiantes de aquel momento formaron el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, el FESO, que representó un importante paso hacia adelante en las prácticas democráticas, en la organización de los jóvenes y fue decisivo en el impulso a la educación popular en Jalisco.
La Universidad de Guadalajara, con sus distintas denominaciones y en sus diferentes épocas, ha estado presente, a través de aquellos a quienes ha formado, en las luchas por edificar un México más igualitario, ilustrado, justo, democrático, progresista. Dan cuenta de ello todos los que han pasado por sus aulas, entre miles: el constituyente de Cádiz Miguel Ramos Arizpe; Pedro Moreno, brazo derecho de Xavier Mina en la guerra por la independencia; el destacado liberal Valentín Gómez Farías; los juristas Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta; Jesús González Ortega, el héroe de Calpulalpan; Victoriano Salado Álvarez; Luis Barragán, y un muy largo etcétera.
Habrá que decir que la universidad, la institución universitaria, es tradición y vanguardia, ciencia y práctica, origen y destino. La universidad es la cúspide del sistema educativo y del sistema de escuelas. Es en ella donde con mayor excelsitud se profundiza y expande el conocimiento, la investigación se hace más objetiva y cuidadosa, donde se dan los acabados en la formación de quienes acceden a los escalones más altos del sistema educativo. Es la universidad la que impacta con mayor fuerza y amplitud a la sociedad con los productos que le entrega, el principal de ellos: mujeres y hombres que en su seno aprendieron de sus enseñanzas y ahí contrajeron el compromiso, implícito o explícito, de aplicar sus saberes, talento y creatividad al servicio, bienestar y progreso de los demás.
La historia de nuestro país convirtió a la educación en factor decisivo de equidad social y posibilidades de progreso. Quien llega a la escuela, quien asciende y trasciende los ciclos escolares, encuentra más amplias y mejores oportunidades de vida.
La movilidad social ascendente en México y en Latinoamérica se opera en gran parte a través de las universidades públicas, lo que explica su vigorosa presencia que hoy en día las hace más imprescindibles. Son factor multiplicador del desarrollo social, cultural y económico. Sin ellas, renacería el oscurantismo en todas manifestaciones.
La Revolución Mexicana reconoció el efecto igualador que la educación tiene respecto a la sociedad y en el desarrollo del derecho constitucional dio a la primaria que imparte el Estado el carácter de laica y gratuita, después la hizo obligatoria para todos y con posterioridad el Estado incorporó también a la ley suprema la condición de obligatoriedad al preescolar, la media y la media superior. Se echó entonces el compromiso de dar educación en todos estos ciclos a todo mexicano y concedió así a todos y cada uno el derecho a recibir educación. Hoy conocemos de una iniciativa para hacer obligatoria también la educación superior.
Nunca, hasta hoy, el Estado ha podido cumplir con su obligación de ofrecer educación en todos los ciclos obligatorios a todo mexicano –no es tarea fácil-, ni existen aun los mecanismos legales para que cualquier habitante del país pueda exigir al Estado las condiciones para el pleno ejercicio del derecho constitucional a la educación. Apruebe o no el Legislativo esta propuesta, universalizar los ciclos constitucionalmente obligatorios es el gran reto que la educación debe enfrentar. Habrá que empezar por plantearse la gradualidad para hacer efectivas las obligatoriedades. Habrá que establecer en la ley los mecanismos para hacer exigibles ante el Estado los derechos que derivan de las obligatoriedades. Hacer realidad el acceso a los ciclos obligatorios de la educación no debe quedar como letra muerta. La buena intención y la prioridad deberán reflejarse en presupuestos.
Nunca como ahora, la desigualdad social y económica, crecientes aceleradamente durante las últimas cuatro décadas, que hoy flagelan a nuestra sociedad, están presentes en el sistema escolar: existen escuelas para los que menos tienen y escuelas para los que tienen más. En relación directa al nivel socioeconómico de alumnos e instituciones, así como del territorio urbano o rural en el que se encuentran, es la calidad de la educación que se imparte y las oportunidades de acceso al conocimiento, de mejoramiento económico y ascenso social que abren a quienes pasan por ellas.
La educación, además de ser elemento estructural de equidad social, es también factor fundamental del desarrollo económico. Y lo es, principalmente, en la medida en que el sistema educativo se abre y fortalece efectivamente y da acceso a todos aquellos que buscan formarse en los escalones de la educación superior, en la universidad.
Con ambas visiones, la de la equidad social y la del desarrollo económico, debe impulsarse su universalización, su democratización, la elevación de la calidad en todos sus ciclos y modalidades y su expansión.
El sistema educativo, incluida la universidad, está sujeto a los vaivenes del desarrollo económico, de las condiciones sociales y de la situación política del país. Hoy, con una economía estancada por casi cuarenta años, que ha venido concentrando la riqueza en grupos cada vez más reducidos de la población, un deterioro social creciente y un largo periodo de conducción política que no ha tenido entre sus prioridades ni la equidad ni el mejoramiento de las condiciones de vida, extranjerizante, incierta y en muchos momentos inexistente, la educación se encuentra en uno de sus momentos más difíciles. Constituye entonces, uno de los principales retos sacarla de esta situación en la circunstancia actual del país.
La prioridad de la educación, siempre proclamada, se ha quedado en el discurso y no se ha traducido en hechos, en contar con los recursos necesarios, como ha sucedido en el pasado inmediato, en que los presupuestos de educación han sido cada vez más insuficientes, los rezagos se han incrementado, las ofertas educativas han quedado muy atrás de las demandas, las generaciones que han encontrado vedados los accesos a las escuelas en las edades debidas, se han perdido para siempre, pues se les negaron las oportunidades de formarse en los tiempos oportunos para que el país contara con una población más educada, con conocimientos más sólidos, mejor informada y con mayores capacidades competitivas y de servicio.
Un primer objetivo a alcanzar en el terreno educativo, es lograr la universalización y la democratización de la educación en todos sus niveles. Que no haya niños, como ahora sucede, que se queden sin pisar un aula escolar; que no haya quien no curse los ciclos obligatorios de la educación; que no hay escuelas públicas buenas y malas; que no haya rechazados en las preparatorias y en las universidades. No nos acostumbremos a que haya rechazados.
Obligación de un Estado con responsabilidad social es ofrecer los espacios universitarios públicos suficientes para la formación de la juventud. Este es uno de los principales retos que hoy toca enfrentar. Las universidades públicas, si se les apoya con los elementos necesarios, serían las mejor dotadas para cumplir esta encomienda.
Es falsa la tesis que una educación masificada no puede ser una educación de excelencia. Pueblos con menores recursos que el nuestro han podido elevar significativamente sus índices educativos, abrir oportunidades mayores en la educación superior y ampliar los campos de sus investigadores. Los avances tecnológicos alcanzados y hoy accesibles a todos, permiten llegar hasta la individualización de la educación, trátese del nivel y la materia que se trate. Es cuestión de voluntad política, de proponérselo, de movilizar a la población en su conjunto y a la juventud en lo particular para alcanzar los objetivos deseados.
A la universidad pública le corresponde formar a las generaciones que asuman y enfrenten los retos de la universalización y la democratización de la educación, y debe ser en su seno donde principalmente se formen aquellos que den continuidad a la lucha por la educación en el sentido más amplio, aquellos que no permitan que se apaguen la iniciativa y la innovación, quienes estrechen el vínculo de la universidad con las luchas del pueblo.
La universidad siempre ha defendido los derechos universales de la cultura, que son los derechos no para sojuzgar ni explotar a los otros o avasallar a los pueblos, sino los de aquellos que defienden la civilización frente a la barbarie y la democracia frente al autoritarismo.
No olvidemos que de las universidades han salido las ideas motrices y las mujeres y hombres formados que han movido a los pueblos. De la universidad deben seguir surgiendo las normas de progreso que se traduzcan en equidad, solidaridad y en una mayor calidad de vida para todos.
Gracias, una vez más, al Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara, a su Rector, Dr. Miguel Ángel Navarro, y toda la comunidad universitaria por la distinción de la que me han hecho objeto concediéndome el Doctorado Honoris Causa, que me hará, a partir de ahora, estar más cerca de sus actividades y contribuir a su expansión y al fortalecimiento de los servicios que presta a Jalisco y a la Nación.
